El Tarcyl investigará el contrato de gestión informática de tributos provinciales
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) acepta a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el contrato
Mientras tanto, se suspende cautelarmente la adjudicación a T-Systems
Se trata de un contrato valorado en más de dos millones de euros
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) acaba de suspender de manera cautelar la adjudicación a T-Systems del contrato de suministro e implantación de las actualizaciones tecnológicas de las aplicaciones informáticas de gestión contable y gestión de tributos y recaudación de la Diputación. Un contrato valorado en más de 2 millones de euros que el Equipo de Gobierno provincial adjudicó a finales de octubre mediante la fórmula del procedimiento negociado sin publicidad. Vamos, que no fue sometido a un concurso público, tal y como cabría esperar de un contrato de esta magnitud.
Los técnicos provinciales consideran que la contratación negociada era la mejor fórmula
Los técnicos provinciales consideran que la contratación negociada era la mejor fórmula
En aquel momento, el portavoz del Ejecutivo provincial, Borja Suárez, reconoció que el expediente podía “dar de ojo”, pero también aseguró que el proceso estaba totalmente justificado. Así de hecho lo han defendido los técnicos de la Diputación durante estos últimos meses. A grandes rasgos, los responsables del área de contratación consideran que T-Systems es la única empresa que puede actualizar las aplicaciones informáticas con las que trabaja la Institución provincial. No en vano, fue la propia firma tecnológica la encargada de poner en funcionamiento dichas aplicaciones en 2001. Por ese motivo, los departamentos técnicos avalaron mediante sendos informes la adjudicación a T-Systems mediante procedimiento negociado, una fórmula que se puede utilizar en casos debidamente justificados.
Sin embargo, las explicaciones de los técnicos y del Equipo de Gobierno no han convencido al Grupo Provincial de Ciudadanos, que durante la celebración del último pleno anunció su decisión de recurrir la adjudicación ante el Tarcyl, órgano competente en esta materia. Ahora, una vez recibida y analizada la denuncia de la formación naranja, el tribunal ha entendido que existen ciertos indicios de procedimiento irregular en el contrato y ha decidido anular el acuerdo de Junta de Gobierno de manera cautelar mientras se investiga el caso. Ahora, el Equipo de Gobierno deberá justificar que la adjudicación se ha realizado siguiendo un procedimiento legal.
Concurso público
Con todo, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Lorenzo Rodríguez, ha aplaudido la aceptación del recurso interpuesto por su grupo, confiando en que el Tarcyl acabe anulando definitivamente la adjudicación y obligando a la Institución Provincial a convocar un concurso público para contratar el servicio. “Siempre hemos dicho que no era ético” ya que se trata de un contrato de “más de dos millones de euros”, ha subrayado Rodríguez.
