El Sacyl deberá reconocer la carrera profesional a partir de enero de 2012
El TSJ da la razón a CCOO, que exigía que los derechos económicos derivados de la convocatoria de 2010 se comenzaran a aplicar desde enero de 2012
El pago de todos los retrasos supondrá un desembolso millonario para la Junta
Buena parte de las plazas ofertadas son para Sanidad. GIT
El Sacyl acaba de recibir un varapalo judicial. Tal y como han explicado esta mañana los responsables del área de Salud de CCOO, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha aceptado la reclamación interpuesta tiempo atrás por el sindicato para que los derechos reconocidos en la convocatoria de la carrera profesional de 2010 tuvieran efectos retroactivos desde enero de 2012, y no de 2017, como pretendía la Junta. La sentencia obliga así a la administración autonómica a desembolsar un montante económico millonario para asumir los “retrasos” que en función de la normativa adeuda a los trabajadores sanitarios que cumplían las condiciones de la convocatoria de 2010.
En este sentido, Carlos Díaz, responsable del área de Sanidad del sindicato, recuerda que el decreto que avaló la convocatoria en 2010 del reconocimiento de la carrera profesional para los trabajadores del Sacyl quedó en suspenso por la crisis económica. Tras recuperar su aplicación, la Junta pretendía que el incremento de salarios sólo tuviera efecto a partir de 2017, una pretensión que en su día fue denunciada por CCOO, que entendía que dichos pagos se tenían que realizar siempre en base a las clausulas de la convocatoria, es decir, desde enero de 2012.
Según recuerda Díaz, en toda la comunidad se presentaron más de 6.000 solicitudes de trabajadores -no todas cumplían los requisitos- para ascender un nivel en la clasificación de grados en función de su veteranía, experiencia y aptitudes. A mayor grado -cuatro en total-, mayor aportación económica para el trabajador. El problema es que en un momento dado no había dinero por los “recortes” y la Junta intentó “dificultar” la aplicación de “un derecho adquirido”.
Sin concretar
De momento, desde CCOO no se tienen datos concretos de cuánto podría suponer para la Gerencia de Salud de la Junta el pago de los “retrasos” a aquellas personas que cumplían los requisitos planteados en 2010. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta el número total de trabajadores que se ven afectados ahora mismo en Burgos por la situación. Eso sólo se podrá saber, asegura Díaz, cuando se resuelva el conflicto, aunque un primer cálculo indica que el coste será de varios millones de euros.
Sea como fuere, desde CCOO celebran la decisión judicial e instan a la Junta a que proceda de inmediato a dar cumplimiento de la sentencia, desbloqueando los pagos de todos aquellos trabajadores del Sacyl afectados. Paralelamente, también exigen una convocatoria extraordinaria de la carrera profesional para intentar regresar a la normalidad tras cinco años.
