El TSJ obliga a Garoña a mejorar su sistema de refrigeración para operar

El TSJ da la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que en 2013 dictaminó que Garoña debía reducir la temperatura del agua que vierte al río

La decisión responde a una denuncia presentada en su día por los ecologistas

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de desestimar el recurso presentado en su día por Nuclenor ante el dictamen de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por la que el organismo regulador de la cuenca obligaba a la empresa a poner en funcionamiento un nuevo sistema de refrigeración en la central nuclear de Santa María de Garoña para poder seguir operando.

El dictamen es mucho más restrictivo que la anterior autorización de vertido

En 2013, y haciéndose eco de una denuncia planteada por las organizaciones ecologistas, la CHE dictaminó que el agua que utiliza la central para refrigerar sus instalaciones no podía ser devuelta al Ebro a una temperatura superior a 30 grados. Esta decisión, avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y por las exigencias técnicas aplicadas en otros países del entorno, suponía casi un ultimatum para Nuclenor: Garoña debía contar con un nuevo sistema de refrigeración del agua si quería seguir operando. La otra opción que tenía sobre la mesa pasaba por bajar la potencia del reactor o reducir la producción para rebajar la temperatura del agua vertida y ajustarse así al límite.

Vista la situación, la empresa energética decidió recurrir el dictamen, que se mostraba mucho más restrictivo que la autorización de vertido aplicada hasta entonces. Sin embargo, el TSJ ha acabado dando la razón a la Confederación Hidrográfica y Nuclenor deberá añadir esta exigencia a las ya planteadas con anterioridad en la Instrucción Técnica Complementaria aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante la solicitud de licencia de actividad hasta 2031.

Críticas

El auto judicial, emitido el pasado 9 de octubre por la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, llega apenas unas jornadas después de que Greenpeace denunciara públicamente que el CSN estaba acelerando toda la tramitación de la licencia para intentar que el Gobierno pudiera concederla antes de las elecciones generales del próximo día 20.