‘Sanidad Pública’ estima en 800M€ el sobrecoste “mínimo” del HUBU
La Plataforma ha entregado a la comisión de investigación su informe sobre la construcción y la gestión del centro burgalés
Se analizan los modificados, las deficiencias en la ejecución, los fallos en equipamiento y los problemas con los servicios externalizados
El colectivo plantea también las diferentes vías de las que se dispone para “recuperar” el HUBU, “una obligación”
Los miembros de la comisión de investigación sobre el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ya tienen en sus manos el informe elaborado por la Plataforma por la Sanidad Pública. Juan Antonio Ayllón y Pedro Pablo Oyagüez, responsables del documento, se desplazaban esta mañana hasta Valladolid para entregarle una copia tanto el presidente de la comisión, Salvador Cruz, como a los portavoces de PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, con el objetivo de que dicho informe sirva para impulsar un proceso de recuperación del centro hospitalario.
Y es que la Plataforma por la Sanidad Pública insiste en que la recuperación “no es una opción”, sino una obligación. El proyecto del HUBU acumularía un sobrecoste “mínimo” de 800 millones de euros, según los cálculos realizados por el colectivo. De momento, la Junta ya ha reconocido una “sobreinversión” de 657 millones, recuerda Ayllón, de ahí que el coste inicial de 1.010 millones, entre construcción, equipamiento y explotación, se haya elevado a 1.667 millones. Sin embargo, el portavoz de la Plataforma recuerda que el coste de la obra y la explotación sigue siendo una “incógnita”.
Los re-equilibrios financieros son de una “gravedad pasmosa”
Cuatro han sido los modificados aprobados por el Gobierno Regional, dos de ellos correspondientes a la obra (en 2010 y 2012), otro al equipamiento (2012) y un cuarto relativo al “re-equilibrio financiero”. Y, según Ayllón, “esto no ha hecho más que empezar”, dado que Eficanza cuenta con la baza de esa fórmula de “re-equilibrio financiero”, que el pasado año le permitió incrementar en 218 millones el coste del HUBU, para asegurarse el beneficio pactado en la firma del contrato de concesión de la obra, explica el portavoz de la Plataforma.
Múltiples deficiencias
El informe analiza exhaustivamente las motivaciones de los modificados y, sobre todo, su grado de cumplimiento o ajuste a la realidad, siendo este uno de los motivos que impulsan a la Plataforma ha insistir en que el contrato es “lesivo” para la administración pública y que debería rescindirse. Pero sus planteamientos no sólo se amparan en estas cuestiones. En un anexo, el colectivo incluye un amplio catálogo de deficiencias, algunas “graves”, que convierten al HUBU en un edificio de nueva construcción pero con “patologías” propias de un edificio antiguo.
Además de los fallos en el diseño (problemas de acceso y accesibilidad, inadecuación de algunos de los espacios sanitarios…), la Plataforma ha detectado mala ejecución de la obra (por ejemplo, la que deriva en las goteras e inundaciones que se producen cada vez que llueve de manera intensa), baja calidad en los materiales utilizados (baldosas agrietadas, puertas rotas…) o la necesidad de hacer reformas continuadas (a pesar de que el HUBU tiene tres años). Una realidad que “nos hace sospechar fundadamente” que la obra se hizo mal y con poca calidad, explica Ayllón.
El colectivo tiene “sospechas fundadas” de mala ejecución y baja calidad de materiales
A ello habría que sumar las reparaciones mediante “parcheos” y soluciones provisionales que realiza Eficanza, la falta de mantenimiento en los equipos médicos, también de escasa reposición de maquinaria estropeada y de compra de la comprometida por contrato, o los problemas que se derivan de los servicios no sanitarios externalizados. Para muestra varios botones: la suciedad detectada en la ropa de lavandería, la baja calidad de la comida destinada a pacientes o las deficiencias en los servicios de limpieza general del centro.
Más que justificada
“Elementos hay más que suficientes para justificar una recuperación del HUBU”, insiste Ayllón. Por ese motivo, el informe expone las diferentes vías que lo permitirían. Lo más fácil sería que la Junta optase por la rescisión del contrato con Eficanza, basándose en su incumplimiento. También valdría alegar razones de interés público o, incluso, llegar a un acuerdo con la empresa. De este modo, la indemnización a pagar sería “mínima”. También se puede plantear la recuperación de “oficio”, a iniciativa de la Plataforma o los partidos políticos. Y, finalmente, estaría la fórmula de la denuncia judicial por “irregularidades”.
A juicio del portavoz, lo que debería hacer el Gobierno Regional es comenzar a recopilar esas irregularidades en la ejecución de la obra, las deficiencias detectadas, los problemas con los servicios externalizados… para poder presentarle a la empresa una reclamación con recuperación. Ayllón recuerda que “tendríamos para ganar hasta 800 millones de euros”, teniendo en cuenta que el sobrecoste, de la operación del HUBU superará “con toda seguridad” los 800 millones. Si se recupera, “ganaríamos dejaríam0s de dilapidar” esos 800 millones, menos lo que costase el procedimiento (en concepto de indemnizaciones, gastos…).
