Greepeace teme que el Gobierno otorgue la licencia a Garoña antes del 20D

Greenpeace denuncia una maniobra política del PP para acelerar el expediente de Garoña y salvaguardar los intereses de Nuclenor antes de las elecciones

En el caso de que se concediera la licencia antes de los comicios, el próximo Gobierno tendría poco margen de maniobra para revocarla

Greenpeace ha denunciado públicamente la que a su juicio está siendo una maniobra política del Ejecutivo de Rajoy para conceder la licencia de actividad solicitada en su día por la central nuclear de Santa María de Garoña antes de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Según critica el grupo ecologista, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está acelerando la publicación del informe correspondiente a la solicitud de Nuclenor para operar hasta 2031, para que el Ministerio de Industria pueda dar en los últimos días de Gobierno la autorización. A partir de ahí, subrayan desde Greenpeace, Nuclenor contaría con un colchón de seguridad, puesto que podría exigir una indemnización por “lucro cesante” en el caso de que el próximo Gobierno decida anular la licencia.

Greenpeace denuncia que el PP “impuso” un tercer consejero dentro del CSN para acabar con su “neutralidad”

En este sentido, explican, “tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador, el CSN ha acelerado el proceso este mes dada la proximidad de las elecciones”. Así, “el pasado 4 de noviembre aprobó modificar las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETFs) de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. Esta modificación exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031″.

“El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central nuclear en el tiempo de descuento de esta legislatura. Así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. “Ningún candidato a las próximas elecciones debería permitir el expolio de las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno”, ha añadido.

Proceso largo

Tal y como recuerdan desde la organización ecologista, el próximo 16 de diciembre se cumplirán tres años desde que Garoña se desacoplara unilateralmente de la red, dejando de producir electricidad. Han transcurrido más de dos años desde que el Ministerio de Industria emitiera la orden de cese definitivo de explotación y se cambiara el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) para que Nuclenor pudiera volver a solicitar su vuelta a operación.

A partir de ahí, la empresa aprovechó el cambio de normativa para solicitar una licencia para operar hasta el año 2031 y, según denuncia Greenpeace, “el pleno del CSN admitió esta solicitud sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así”. “En Francia, con amplia experiencia nuclear, llevan cinco años debatiendo públicamente los aspectos técnicos, económicos y medioambientales de llevar sus reactores nucleares a los 60 años de vida. En España, lo ha decidido el actual Gobierno por la puerta de atrás, tras colocar a su secretario de Estado de Energía como presidente del CSN”, añade la organización en un comunicado.

Presiones

“Pase lo que pase, Garoña no producirá ni un solo kilowatio en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que Iberdrola y Endesa consigan cuantiosos beneficios si el Gobierno in extremis les autoriza a poder reabrir”, ha añadido Montón. “El CSN está sufriendo un preocupante proceso de pérdida de neutralidad, de confianza y de independencia. Las voces internas discrepantes en el regulador nuclear son ya muy numerosas, las protestas de los técnicos son constantes, al sufrir presiones para acelerar el proceso de evaluación de Garoña, incluyendo ceses de aquellos técnicos que no se pliegan a las exigencias del actual presidente, Fernando Martí, anterior secretario de Estado de Energía del Gobierno”.

Greenpeace recuerda que ha reclamado reiteradamente que se lleve a cabo el trámite de información pública, así como al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear. La organización ecologista destaca que ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo.