La empresa Europa Agroforestal gestionará el grupo de rescate y salvamento
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha resuelto el concurso, adjudicando el servicio por 260.200 euros (más IVA)
La Asociación de Bomberos Profesionales aseguran que “se ha puesto precio a la seguridad de los ciudadanos” con una “privatización”
Piden la dimisión inmediata de los responsables de la adjudicación por “incumplir” la Ley y “desobedecer” al presidente Herrera
Imagen de una intervención del Grupo de Rescate. JCyL
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil, ha adjudicado a la empresa Europa Agroforestal S.L (EURAL), por 260.200 euros (más IVA), el servicio de rescate y salvamento para labores de protección ciudadana y rescate en Castilla y León. La decisión supone la “privatización” de lo que debería ser un servicio público, a juicio de la Asociación de Bomberos Profesionales de Castilla y León (ABPCyL), que reclama la dimisión inmediata de los responsables políticos de la adjudicación por “incumplir la Ley”, “mentir” a los ciudadanos y “desobedecer” al presidente de la Junta.
Herrera aseguró que no se iba a privatizar el servicio y confiaba en llegar a un acuerdo con el colectivo
Mediante un comunicado de prensa, el colectivo profesional recuerda que Juan Vicente Herrera afirmó en las Cortes que no privatizaría el servicio de rescate de la región, porque se trataba de un servicio esencial público. Las declaraciones las realizó con motivo de la manifestación protagonizada por alrededor de 600 bomberos en contra del concurso abierto por Protección Civil. Además, el presidente confiaba en llegar a un acuerdo con la Asociación de Bomberos Profesionales, dado que han sido ellos los que se han estado encargado del servicio desde su puesta en marcha.
Sin embargo, la Agencia de Protección Civil “ha hecho oídos sordos” a Herrera, insiste el colectivo, y ha resuelto el concurso convocado. Por ese motivo, la asociación considera que hoy es “un día negro para la ciudadanía” de Castilla y León, ya que “se ha puesto precio a la seguridad de los ciudadanos”. Se permite que un servicio público pase a manos privadas, en concreto a la misma empresa que gestiona el servicio de emergencias 112, con el peligro de que acaben primando los intereses económicos sobre el interés general a la hora de gestionar plantilla y operaciones.
Convenio
El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil se puso en marcha, hace 9 años, de la mano de bomberos profesionales que desarrollaban su trabajo principal en ayuntamientos y diputaciones. La gestión se ha realizado a través de la Asociación de Bomberos Profesionales, prestándose un servicio integral de rescate aéreo y terrestre, recuerdan desde el colectivo, con profesionales con formación específica en técnicas de rescate y salvamento, experiencia en deportes de montaña y conocimiento del medio rural de Castilla y León.
Los bomberos critican que la empresa adjudicataria sea la misma que la que gestiona el 112
Sin embargo, el Grupo de Rescate y Salvamento nunca ha estado amparado por un convenio de colaboración entre Junta, ayuntamientos y diputaciones, a pesar de las múltiples reivindicaciones de la asociación. Por ese motivo, los Bomberos Profesionales se disolvían el pasado mes de abril, a fin de presionar a la Junta para que elaborase un convenio. Sin embargo, Protección Civil optó por sacar el servicio a concurso, con un pliego de condiciones en el que no se establecían ni mínimos de personal con los que debe contar la empresa ni la formación de los profesionales, aseguran.
Y ahora se resuelve el concurso, con la adjudicación del servicio por 260.200 euros, cuando el precio de licitación era de 316.199 euros, el doble de lo que la Junta venía destinando a “compensar, formar y equipar” a los 30 rescatadores de la Asociación de Bomberos Profesionales. Por todo ello, el colectivo exige al presidente de la Junta que cese de manera “inmediata” al responsable de esta adjudicación, alegando incumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana. Desde el colectivo no descartan movilizaciones ni acudir a los tribunales ante la privatización de un servicio “esencial”.