Lacalle pide informe al interventor sobre el convenio del ARU de San Cristóbal
El alcalde quiere que valore si el escrito de la Dirección de Vivienda subsana las dudas suscitadas en torno a la tramitación de los pagos
Fernández Santos insistía en el pleno en que el convenio con el ente gestor requiere de un informe favorable de Intervención
Las dudas del técnico municipal se centran en la legalidad de que no sea el Ayuntamiento el que gestione directamente la subvención
San Cristóbal lleva meses pendiente del ARU. IAC
Las dudas suscitadas por el convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Burgos y el ente gestor del ARU de San Cristóbal, que se aprobó el pasado jueves en Junta de Gobierno Local, han llevado al alcalde a solicitar un informe del interventor. El objetivo es que el técnico municipal valore si el escrito emitido por la Dirección General de la Vivienda subsana o no los problemas que el propio interventor había detectado en la redacción original del documento, relativos a la legalidad de que sea el ente gestor el que gestione la subvención del Gobierno Autonómico vinculada al área de regeneración urbana.
Lacalle solicita ese informe pero “con soluciones” ante las dudas y los problemas
Durante el pleno ordinario del viernes, Antonio Fernández Santos le preguntaba directamente a Javier Lacalle por este asunto. El concejal socialista quería saber si en el Equipo de Gobierno son “conscientes de que han aprobado un convenio con informe desfavorable de Intervención”. Hacía referencia al escrito emitido a finales de octubre, en el que se pone de manifiesto que existe el “riesgo de que los gastos de las actuaciones efectuadas por el ente gestor sean calificados de no subvencionables” mientras no se modifique la orden regional que autorizaba las subvenciones al Ayuntamiento.
La concejal de Licencias, Ana Bernabé, reconocía la existencia de dicho informe, pero también del escrito solicitado a la Dirección General de la Vivienda para “aclarar” esas dudas del interventor. Bernabé ha insistido en que, de acuerdo con ese nuevo documento, las certificaciones de las obras gestionadas por el ente gestor podían ser certificadas por el secretario municipal, y el interventor acreditaría el traspaso de fondos. La concejal considera que este escrito “clarifica” la cuestión y, sobre todo, “subsana” cualquier tipo de problema, por eso se llevó el convenio para su aprobación a Junta de Gobierno Local.
Estamos a tiempo
Además, en la reunión semanal de los jueves estaba presente el interventor, que no alertó sobre una posible ilegalidad del convenio, ha recordado Bernabé. De todos modos, la concejal ha asegurado que “si hay algún reparo”, como el convenio está aún por firmar, “lo subsanamos y punto”. De ahí que el propio alcalde, instado por Antonio Fernández Santos, le pidiese en sesión plenaria al interventor un informe sobre el acuerdo adoptado el jueves. Pero un informe “con soluciones”, y es que son muchos los meses que lleva pendiente la firma del convenio sin que se hayan planteado soluciones a los inconvenientes detectados, a fin de desbloquear la tramitación.
El ARU supondrá un inversión de 7,3 millones de euros
Desde el PSOE, el concejal socialista ha insistido en que el asunto “requiere de un informe favorable de Intervención”, dado que es este área el que va a autorizar la liberación de fondos. De lo contrario, a todos los que conforman el ente gestor, concejales en representación del Ayuntamiento y vecinos de San Cristóbal, “nos pone en un compromiso”. Antonio Fernández Santos también ha recordado que cuando se aprobaron los estatutos del ente gestor se hizo sin informe de Intervención, dado que no se consultó con el técnico qué opinión le merecía la fórmula de financiación que se había adoptado.
El ARU de San Cristóbal supondrá la inversión total de algo más de 7,3 millones de euros, de los cuales 5,3 millones se destinarán a las viviendas y 1,7 millones a vías y espacios públicos. La Junta de Castilla y León ya ha enviado la subvención de la primera fase, los 4,2 millones de euros comprometidos hasta 2016. La cantidad suma los 1,7 millones que aportará el Gobierno Regional y los 2,4 millones del Ministerio de Vivienda. Mientras, el Ayuntamiento colaborará con otros 1,7 millones y el resto, casi 1,3 millones, lo afrontarán los vecinos.