Ciudadanos recurre la adjudicación a T-Systems de un contrato provincial
Lorenzo Rodríguez pide al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que anule la adjudicación directa a T-Systems de un contrato de 2,1 millones de euros
La formación naranja entiende que el procedimiento no está justificado
Lorenzo Rodríguez acompañado de José Ignacio Delgado, José María Fernández y Rodrigo Ibeas. PCR
Ya lo avisó durante la última sesión plenaria y finalmente ha cumplido su palabra. El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, ha presentado hoy en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León un recurso contra la adjudicación a T-Systems del contrato de suministro e implantación de las actualizaciones tecnológicas de las aplicaciones informáticas de gestión contable y gestión de tributos y recaudación. Una adjudicación que, a su juicio, se ha realizado de manera irregular.
El contrato conlleva un presupuesto de más de 2,1 millones de euros repartidos en cuatro años
El contrato conlleva un presupuesto de más de 2,1 millones de euros repartidos en cuatro años
El propio portavoz del Equipo de Gobierno provincial, Borja Suárez, reconoció en el momento de la adjudicación que el proceso podía “dar de ojo”, por cuanto que se trata de una empresa que acabó en litigios con el Ayuntamiento y que el contrato no salió a concurso, sino que se adjudicó de manera directa sin publicidad a pesar de implicar un presupuesto de 2.143.515 euros.
En aquel momento -finales de octubre-, Suárez justificó la decisión en los criterios técnicos -avalados por un informe del propio secretario general-, que aseguraron que adjudicar el contrato a T-Systems era la única opción vistas las características del mismo, basado en una actualización de las aplicaciones implantadas años atrás por la propia compañía. De esta forma, los técnicos entienden que sólo T-Systems podía actualizar sus propios sistemas.
Opciones
Sin embargo, Ciudadanos no lo ve así. Según plantea la formación naranja en el escrito presentado ante el Tribunal, “evidentemente existen otras opciones, que pueden ser más baratas o más caras, pero no constan valoradas ni comparadas en el informe ni en el expediente”. En este sentido, Ciudadanos habla directamente de la posibilidad de “migrar datos” entre compañías para que cualquiera pueda utilizar los archivos digitales gestionados por las actuales aplicaciones informáticas, unos datos que, por otra parte, no son propiedad de la empresa.
Por todo ello, Rodríguez ha solicitado al Tribunal que “se declare la nulidad del expediente” tramitado por la Junta de Gobierno provincial, así como la aplicación de una “medida provisional de suspensión” del acuerdo mientras se examina el expediente.
