Rico descarta que las residencias pasen a manos de la Junta en 2016
El presidente provincial considera “complicado” que la Junta asuma la gestión de las cinco residencias de ancianos de la Diputación el próximo ejercicio
Recuerda que, según la Ley de Racionalización, la transferencia depende de la resolución del modelo de financiación autonómica
No será en 2016. Al menos no lo parece. El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha reconocido esta misma mañana que se antoja “complicado” que la Junta de Castilla y León asuma de manera efectiva la gestión de las residencias de ancianos de titularidad provincial a lo largo del próximo ejercicio.
Antes de transferir la competencia se ha de resolver la financiación autonómica
Antes de transferir la competencia se ha de resolver la financiación autonómica
Y es que, tal y como ha recordado durante la presentación del borrador del presupuesto de la Diputación, el Gobierno ha emitido una disposición transitoria de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local mediante la que concluye que las competencias impropias se seguirán gestionando como se hace hoy en día en tanto en cuanto no se resuelva el modelo de financiación autonómica. Vamos, que la Diputación deberá seguir cargando con el coste de las cinco residencias de ancianos a pesar de ser una competencia clara de la Administración Regional, al menos hasta 2017.
En este sentido, Rico ha señalado que durante el próximo ejercicio se deberá afrontar la “negociación” sobre el modelo de financiación autonómica, una de las “asignaturas pendientes” de la estructura del Estado. En función del resultado de esas negociaciones, la Diputación confía poder transferir la gestión de las residencias a la Junta, ya que supone un gasto millonario que en teoría no debería asumir.
En total, el servicio de las residencias de ancianos supone un coste de alrededor de cerca de 20 millones de euros al año, es decir, casi la quinta parte de la capacidad presupuestaria de la Diputación. Sin duda, el capítulo más grande dentro de ese presupuesto particular va dirigido al personal de las propias instalaciones, cuyas nóminas absorben alrededor de 15 millones de euros al año mientras los ingresos por las tasas apenas cubren una parte.