Imagina pedirá al Pleno de la Diputación que rechace el TTIP
La candidatura ciudadana defenderá que Burgos se declare contraria al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión
Imagina Burgos alerta de los efectos negativos en la vida de las personas, en caso de que el TTIP entre finalmente en vigor
Marco Antonio Manjón, portavoz de Imagina Burgos en la Diputación. IAC
Imagina Burgos solicitará al Pleno de la Diputación de este viernes que declare a Burgos como provincia contraria al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y que defienda “los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud, la defensa de los derechos laborales y medioambientales”. Así lo ha explicado el portavoz de Imagina Burgos en la Diputación, Marco Antonio Manjón.
Además, en la misma moción la formación quiere solicitar al parlamento español y a los eurodiputados electos que expresen “su rechazo a la aprobación del TTIP y su oposición a la continuidad de las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea”, al tiempo que se pedirá al Gobierno de España que reclame formalmente la suspensión de las negociaciones del TTIP llevadas a cabo por la Comisión Europea.
Esta iniciativa está recogida en el programa electoral con el que Imagina concurrió a las elecciones locales y es una “exigencia” de la ciudadanía, aseguran desde Imagina, que ve como “sus derechos merman” ante el auge del libre mercado. Por otro lado, también otras organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT) alertan de la pérdida de soberanía por parte de los estados, en beneficio de lobbies de sectores económicos.
El TTIP
Así las cosas, estos tratados pretenden establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que permitiría “el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas” en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano, denuncian desde Imagina.
Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía, “la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado”, apunta Manjón.