El sector público da trabajo a casi 23.000 personas en la provincia de Burgos
Algo más de 15 por ciento de los trabajadores de la provincia dependen directamente de alguna de las adminsitraciones públicas
Sólo la Junta de Castilla y León da trabajo a más de 13.000 personas según el CSI-F
El sindicato considera que son “pocos” para dar los servicios con calidad
Los trabajadores públicos están siempre ahí. Funcionarios administrativos, policías, profesores, médicos o enfermeros. Pero, ¿cuántos trabajadores públicos hay en Burgos? Según los datos de las últimas RPT (relaciones de puestos de trabajo) de las diferentes administraciones, en la provincia hay casi 23.000 personas empleadas directamente por el sector público, es decir, un 15,7 por ciento del total de trabajadores registrados en la última Encuesta de Población Activa.
El Sacyl da trabajo a más de 5.000 personas en Burgos, una cifra similar a la vinculada a la Consejería de Educación
El Sacyl da trabajo a más de 5.000 personas en Burgos, una cifra similar a la vinculada a la Consejería de Educación
Según los datos recopilados por el CSI-F, el principal sindicato de trabajadores públicos, la administración con mayor personal a su cargo es la Junta de Castilla y León, que aglutina a más de la mitad de todos los empleados públicos (más de 13.000), una cifra por otro lado obvia por cuanto que tiene asumidas las competencias de Sanidad y Educación. Sólo en el Sacyl trabajan más de 5.000 personas, un número que fluctúa en el tiempo dependiendo de la categoría profesional, ya que hay personal sanitario y no sanitario.
También la Consejería de Educación de la Junta asume una plantilla de enormes proporciones en Burgos, donde trabajan alrededor de 4.000 personas sólo en los centros de educación primaria y secundaria. A todos ellos habría que sumar los 1.150 trabajadores con los que cuenta la Universidad de Burgos, dependiente de manera directa de la Junta de Castilla y León. A todos estos trabajadores habría que añadir los 3.400 empleados administrativos y de otros ámbitos, como las diferentes gerencias, vinculados a la Junta, que completan la plantilla más importante de toda la provincia, muy superior a la de cualquier empresa privada.
Algo más humildes son las plantillas del resto de administraciones. Por ejemplo, la Administración general del Estado da trabajo de manera directa a unas 1.660 personas, a las que habría que añadir a los 1.250 empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los 1.900 efectivos que conforman las diferentes unidades del Ejército, con gran presencia en la provincia de Burgos gracias a destacamentos como el Diego Porcelos o el de Castrillo del Val. En este ámbito también habría que contabilizar a los 640 profesionales de la justicia que trabajan en la provincia, unos empleados dependientes directamente del Consejo General del Poder Judicial.
Administraciones locales
El Ayuntamiento de la capital tiene una plantilla de alrededor de 1.500 personas
El Ayuntamiento de la capital tiene una plantilla de alrededor de 1.500 personas
Por su parte, el conjunto de las administraciones locales de la provincia dan trabajo a unas 4.500 personas. Sin duda, en este ámbito destaca la plantilla dependiente del Ayuntamiento de la capital, que da trabajo de manera directa a casi 1.500 personas. Según los últimos datos aportados por CSI-F, el Consistorio capitalino cuenta con unos 700 funcionarios, 300 trabajadores laborales, 200 empleados en el Servicio Municipal de Movilidad y Transporte (Samyt), un centenar en el Servicio Municipal de Deportes y otros 115 en el Servicio de Aguas. También las plantillas de los ayuntamientos de Miranda y Aranda, con alrededor de 350 y 300 empleados públicos cada una, destacan del resto.
Mención aparte se merece la Diputación de Burgos, que cuenta con algo más de 1.150 trabajadores a su cargo. Eso sí, a diferencia del resto de administraciones, la mayor parte de los empleados de la Institución Provincial son laborales (726), mientras que los funcionarios propiamente dichos no son ni siquiera la mitad (425). En este sentido, cabe destacar que la Diputación asume actualmente la gestión de cinco residencias para la tercera edad que en teoría deberían pasar a manos de la Junta a partir del próximo 1 de enero, y buena parte del personal laboral está vinculado directamente a dichos centros.
Recortes
El CSI-F denuncia la amortización de plazas y el envejecimiento de las plantillas
El CSI-F denuncia la amortización de plazas y el envejecimiento de las plantillas
Con todos estos datos sobre la mesa, cabe preguntarse si las plantillas están dimensionadas. ¿Son muchos o pocos los trabajadores públicos? Según el CSI-F, pocos. Al menos así lo asegura la responsable provincial del sindicato, Silvia Cámara, que denuncia los efectos que ha tenido la congelación de la oferta de empleo público en las plantillas y, por ende, en la calidad de los servicios prestados. Desde 2010, subraya, el volumen de trabajadores públicos se ha reducido un “4 por ciento”. Además, la tasa de reposición no está cumpliendo las exigencias del sector, que está viendo cómo se amortizan la mayor parte de los puestos cuando el personal se jubila, una situación que, además, está implicando un “envejecimiento preocupante”. Ahora mismo, los empleados públicos de Burgos tienen una media de edad de 49 años, que se dispara en el caso de la Administración Central.
A este respecto, la falta de personal está comenzando a ser realmente preocupante en ámbitos muy sensibles, como la Educación y la Sanidad, en los que desde el sindicato se han denunciado de manera sistemática los “recortes” aplicados por la Junta en los últimos años. Unos recortes que, según Cámara, han impedido cubrir en su totalidad las bajas por enfermedad o las vacaciones del personal, generando situaciones como el cierre temporal de camas en el Hospital. Además, desde el CSI-F se clama contra la tasa de interinidad que presenta actualmente el sector, lo que en definitiva implica una gran tasa de temporalidad y conlleva una inseguridad laboral para los trabajadores públicos.