Competencia admite la denuncia del Tizona
La CNMC ha incoado un expediente sancionador a la ACB por posibles prácticas restrictivas
El inicio de la investigación no prejuzga la culpabilidad y se marca un máximo de 18 meses para resolver
La primera denuncia interpuesta por el Club Baloncesto Tizona en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la ACB ya ha dejado la primera y contundente reacción del organismo que vela porque se respete la legalidad en los mercados y no se den prácticas discriminatorias o excluyentes.
En ese sentido, la CNMC ha incoado un expediente sancionador a la ACB, por “imponer unas condiciones económico-administrativas a los clubes de baloncesto que adquieren el derecho a ascender de la Liga LEB a la Liga ACB por méritos deportivos, y que no han sido previamente miembros de la ACB, que podrían resultar inequitativas y discriminatorias”, explica la CNMC en un comunicado hecho público por abc.es.
El organismo continúa alegando que: “a la vista de la información inicial disponible, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de que la ACB podría haber cometido una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por conductas restrictivas de la competencia que pueden suponer la exclusión injustificada de terceros clubes de las competiciones deportivas organizadas por la ACB y de los ingresos económicos asociados a las mismas”.
La reacción de la CNMC es de tal calado que se espera que la ACB emprenda algún tipo de acción para defender sus estatutos, por los cuales, el CB Tizona ha visto negado su acceso a la máxima competición del baloncesto español en dos ocasiones, más el rechazo que vivió previamente en el año 2013 el Club Baloncesto Atapuerca.
Ahora, el proceso puede dilatarse hasta un máximo de 18 meses para la instrucción de un expediente que deberá determinar finalmente si las exigencias de la ACB se acojen a la legalidad de la Ley de Defensa de la Competencia o, por contra, si impone una sanción económica a la liga, algo que supondría un duro mazazo para la ACB.