La PAH exige a los partidos 5 medidas de defensa del Derecho a la Vivienda
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca plantea un catálogo de buenas prácticas que espera que sean incorporadas por los partidos en sus programas electorales
Exigen la creación de una Ley de Seguridad de la Vivienda y la reforma de la normativa sobre alquileres y sobre ejecuciones hipotecarias
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige mayor implicación. GIT
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quiere trasladar su lucha al debate preelectoral. Así, siguiendo la práctica iniciada semanas atrás en otros puntos de la geografía española, varios miembros de la PAH de Burgos han registrado esta misma mañana un escrito en el Ayuntamiento tendente a vincular los programas electorales de todos los partidos con un catálogo de buenas prácticas en las que se plantean de manera específica cinco grandes líneas de actuación destinadas a atajar, no solo los problemas de los desahucios, sino parte de los desequilibrios generales que a su juicio presenta el Derecho a la Vivienda en España
La PAH pretende proteger a las familias con menos recursos y con una única vivienda
La PAH pretende proteger a las familias con menos recursos y con una única vivienda
En este sentido, la primera medida planteada por la PAH hace referencia a la redacción de una Ley Reguladora de Derechos de la Vivienda que contemple, entre otras cuestiones, la “dación en pago retroactiva”, la condonación de las deudas, la eliminación de las “cláusulas abusivas” y la consideración de la vivienda habitual como un “bien inembargable”, tanto para los titulares de la hipoteca como para sus avaladores.
Siguiendo esta línea, la PAH propone una reforma sustancial de la Ley de Alquileres entre particulares, destinada a “proteger a la parte más débil”, es decir, a los arrendatarios. Para ello, la plataforma plantea el establecimiento de “medidas de seguridad” para el inquilino, así como la ampliación del plazo mínimo de duración del alquiler “como mínimo hasta los 5 años”.
Alquiler social
Las exigencias de la PAH también se dirigen directamente a las entidades bancarias, a las que quieren obligar a “establecer un alquiler social para las personas deudoras de buena fe que no dispongan de alternativa habitacional”. Un alquiler que en ningún caso podría superar el 30 por ciento de los ingresos totales de la unidad familiar y que se destinaría a evitar en cualquier supuesto el desalojo de “personas en situación vulnerable”. Asimismo, también se exige a las entidades la movilización de sus recursos para colaborar en la creación de un Parque de Vivienda Pública a imagen y semejanza del que se ha empezado a gestar en Burgos.
Por su parte, desde la PAH también se considera fundamental cubrir, no sólo los gastos de la vivienda, sino también los vinculados indirectamente, como los suministros básicos. Para ello, la plataforma quiere forzar a los partidos a comprometer en sus programas el bloqueo a cualquier “corte de suministros básicos a personas en situación vulnerable”, a quienes además se les debería calcular el coste del servicio en función de “la capacidad adquisitiva”.
Observatorio de control
Por último, y con el objetivo de controlar el cumplimiento de todas estas exigencias, la PAH plantea la creación de un Observatorio de la Vivienda, compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil y dotado de todas las herramientas y presupuesto necesario para realizar “censos periódicos de viviendas vacías” y mantener un “seguimiento de las políticas púbicas”.
A juicio de José Lozano, miembro de la plataforma y hoy portavoz de la misma, el objetivo último de la organización es introducir “el Derecho a la Vivienda” en la “campaña electoral”. “Aunque se están dado pasos, todavía queda mucho trabajo por hacer”, ha señalado. Por eso, y entendiendo que ésta es una lucha “noble”, la PAH avisa que “hará publico y señalará a los partidos que no hagan llegar su contrapropuesta” o, directamente, “no cumpla con los requisitos mínimos” establecidos en el catálogo de medidas.