Denuncian la privatización del grupo de rescate y salvamento de Castilla y León
La Plataforma de Bomberos Profesionales asegura que se ha “abierto la veda” para que los criterios de rentabilidad económica primen en el servicio ciudadano
El concurso habilitado por la Junta no especifica ni el número de efectivos del nuevo grupo ni la preparación o la cualificación técnica de los mismos
El Grupo de Rescate y Salvamento contaba hasta ahora con 30 bomberos, que prestaban un servicio integral de rescate, aéreo y terrestre
Imagen de una intervención del Grupo de Rescate. JCyL
La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y Léon denuncia la privatización del Grupo de Rescate y Salvamento de la región, que hasta ahora era un servicio público. Con fecha 1 de octubre, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba la contratación, con un precio de licitación de 316.199 euros, del servicio de atención de emergencias, realización de búsquedas, rescates en entornos de difícil acceso, evacuaciones, traslado de víveres o personas y cuanta acción se pueda derivar de una declaración de los planes de Protección Civil del Gobierno Autonómico.
Una contratación que supone “la venta definitiva” del que ha sido hasta el momento un servicio público, insiste la plataforma a través de una nota de prensa. Con este anuncio “se abrió la veda a que el mejor postor opte por la adquisición del Grupo de Rescate”, que prestará los servicios en Castilla y León durante un año, a partir de la fecha en la que se firme el contrato, según especifica la nota del Bocyl. Un servicio que fue creado para atender y auxiliar al ciudadano, recuerdan, y que ahora podría utilizarse para “dar beneficios y engordar las cuentas de resultados” de la empresa que lo gestione.
Piden que no entregue el servicio a una empresa privada, “guiada por un beneficio económico”
Además, el colectivo profesional denuncia que los 316.199 euros de precio de licitación “duplica con creces” el presupuesto que manejaba la Junta para “compensar, formar y equipar a 30 rescatadores”. Sin embargo, en el pliego no se especifica el personal mínimo obligatorio que debería contratar la empresa adjudicataria. Lo único que se exige es un mínimo de dos rescatadores diarios, es decir, “con un presupuesto que supera los 300.000 euros bastaría con tener a cuatro trabajadores en plantilla”, asegura la Plataforma de Bomberos Profesionales, preocupada también por la formación y capacitación de esos empleados.
Y es que tampoco se especifica qué preparación o qué titulación deben poseer. Frente a ello, los bomberos del Grupo de Rescate han sido siempre profesionales que habían superado una oposición libre, convocada por las administraciones de las que derivan (ayuntamientos y diputaciones). Además, contaban con un “avalado dominio” de técnicas de rescate y salvamento, “justificando una experiencia en deportes de montaña y conocimiento del medio natural” de la región. Igualmente, el personal seleccionado debía superar un periodo de formación específico para aprender a afrontar cualquier rescate en cualquier tipo de situación, recuerdan.
Desde el primer momento
El colectivo asegura que la decisión es el resultado de una falta de capacidad negociadora
Los bomberos profesionales son los que han estado prestando el servicio del grupo de rescate y salvamento de “forma ininterrumpida” desde sus inicios. Fueron ellos, recuerdan en la nota de prensa, los que “arrancaron de cero el proyecto, creando técnicas y procedimientos, organizando el servicio y llevando a cabo una labor preventiva hacia la sociedad”. Hasta marzo de este año, el Grupo de Rescate de Castilla y León contaba con 30 bomberos profesionales, insisten, que “ofrecían un servicio integral de rescate, aéreo y terrestre, todos los días del año, las 24 horas del día, repartidos por todo el territorio”.
Y, aunque los bomberos profesionales han trabajado desde el principio para conseguir que la Junta regularizase su situación laboral, mediante convenios de colaboración con las administraciones de las que derivan, no ha sido posible. Así que, “ante la falta de voluntad política y capacidad de negociación”, aseguran, “la Agencia de Protección Ciudadana ha optado por la salida más fácil, la de la privatización”. Un proceso al que se oponen frontalmente y que, incluso, podría ser “ilegal”, dado que la Ley de Protección Ciudadana vincula directamente las funciones de rescate y salvamento con el cuerpo de bomberos, aseguran.