El CES insiste en que hay que mejorar el acceso a la vivienda y a la renta garantizada
Germán Barrios apuesta por una mayor partida presupuestaria destinada a la oferta de alquiler de vivienda pública y reclama una simplificación burocrática de la Renta Garantizada de Ciudadanía
Los sindicatos están satisfechos con los pactos sociales que se van sucediendo pero consideran que en materia de Servicios Sociales aún queda mucho por hacer
Desde la patronal valoran la red de protección social de la Junta y demandan una contención del gasto público
Sindicatos y patronal participaron en una mesa redonda celebrada en el hotel Abba. IAC
El Consejo Económico y Social (CES) asegura, a través de su presidente, Germán Barrios, que la Junta de Castilla y León tiene dos retos claros. Por un lado, garantizar el acceso a la vivienda a través del fomento del alquiler, con un instrumento público que garantice los derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Por el otro, el CES reclama la simplificación de los trámites burocráticos para acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Estas solicitudes se han cursado en una mesa redonda celebrada en hotel Abba bajo el título ‘Pacto Social: Renta Mínima y Vivienda’.
En esa misma línea, aunque con mayor profundidad, se han expresado los representantes regionales de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Ángel Hernández, presentes en la jornada. Para Prieto, la Junta debe garantizar, a través de los Servicios Sociales, que se cubren las necesidades básicas de los castellanos y leoneses. Además, el secretario de UGT en la comunidad reclama que la Renta Garantizada de Ciudadanía sea más amplia, cuente con una burocracia más sencilla y sea compatible con otras ayudas que perciban los beneficiarios. Sobre ese tema, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León solicita que se modifiquen los trámites de acceso, para que sea más fácil que se concedida y que, además, tenga una mayor duración.
Un derecho poco reconocido
El derecho a la vivienda, que recoge la Constitución Española, sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones públicas. La Junta de Castilla y León no es una excepción. Y es que, aunque el Gobierno Autonómico tiene una partida de 51 millones de euros destinadas a Vivienda, esta cifra es un 34 por ciento más baja que la del ejercicio anterior, apunta Germán Barrios. Por ello, la reclamación de un mayor parque de vivienda pública se intensifica y Agustín Prieto pide que se alcance durante esta legislatura una bolsa de 10.000 viviendas públicas que se destinen al alquiler, con precios que no superen el 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos.
La voz disonante la ha puesto Miguel Ángel Benavente, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), apuesta más por cambiar las políticas de subvenciones, fomentando la formación que permita a las personas ser “autosuficientes”. En ese sentido, Benavente considera que “esta comunidad es modélica” en materia de servicios sociales, pero, “los recursos no son infinitos” y debe haber una contención del gasto público, justifica.