La Diputación rechaza la contratación obligatoria de tesoreros
Los cuatro grupos aprueban por unanimidad una propuesta del PSOE para pedir al Gobierno que no obligue a los pequeños ayuntamientos a contratar a un tesorero
Aseguran que sería la “puntilla” e “hipotecaría” muchos presupuestos
Todos los grupos apoyaron la propuesta del PSOE. GIT
La Diputación de Burgos instará al Gobierno central a eliminar la obligación de contratar tesoreros en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Así se ha acordado hoy por unanimidad de todos los grupos políticos, que han rechazado de plano la disposición transitoria séptima incluida este verano en la Ley de Racionalización administrativa mediante la que se elimina la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñada por concejales de los pequeños municipios. Una normativa que implica la necesidad de contratar a funcionarios de habilitación nacional y que podría suponer “la puntilla” para muchos pequeños municipios.
Los cuatro grupos consideran que las funciones de tesorero están cubiertas con el trabajo de los concejales
Los cuatro grupos consideran que las funciones de tesorero están cubiertas con el trabajo de los concejales
Así de hecho lo han entendido los cuatro grupos con presencia en la Corporación provincial, incluido el PP, que ha compartido las tesis del PSOE, encargado de elevar la propuesta, y del resto de la oposición. Y es que, según ha defendido el portavoz socialista, David Jurado, la contratación de un tesorero implica una inversión superior a la capacidad presupuestaria de un buen número de ayuntamientos de la provincia, cuyas arcas ya están suficientemente castigadas. Así, la obligación de contratar a un funcionario para desarrollar funciones que hasta ahora venían desempeñando los propios concejales “hipotecaría su presupuesto”.
Partiendo de esa base y con la convicción de que los concejales que actualmente desempeñan estas funciones lo hacen con todas las garantías, los cuatro grupos políticos han entendido necesario instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que replantee la normativa y elimine la mencionada disposición transitoria. “Hay cosas que no podemos aceptar” vista la “realidad” de una provincia como Burgos, con 368 municipios de menos de 20.000 habitantes y una población tan dispersa, ha asegurado el portavoz del Equipo de Gobierno, Borja Suárez. Así, el PP de Burgos se ha alineado con el resto de la oposición “por sentido común” para exigir al Ejecutivo central la derogación de la normativa.
Dudas sobre la aplicación
En este sentido, además, los cuatro grupos políticos han planteado sus “dudas” en torno a aspectos clave de la aplicación de la ley, puesto que la propia Diputación podría llegar a tener que actuar como administración subsidiaria en aquellos casos en los que los ayuntamientos no puedan afrontar la contratación de un tesorero. Esto es, que la Institución Provincial podría tener que acarrear con los costes de unas contrataciones que no son precisamente baratas.
Con todo, el Equipo de Gobierno ha asumido como propia la reclamación y Suárez ha asegurado que será uno de los temas a tratar en la próxima reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ya prepara un debate en torno a la normativa.