Greenpeace reclama someter a información pública el expediente de Garoña
La organización ecologista exige que la solicitud de reapertura de la central se someta a información pública y a una evaluación de impacto ambiental
Insisten en que la normativa europea exige que el proceso sea transfronterizo
Greenpeace ha vuelto a exigir hoy, día en el que se cumplen dos años de la fecha de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña impuesta por el Ministerio de Industria en el último Gobierno de Zapatero, que el expediente en torno a la posible reapertura de la planta se someta a información pública y a un estudio de impacto ambiental con carácter transfronterizo. No es la primera vez que la organización ecologista reclama este extremo (la última vez fue el pasado 22 de junio), alegando que “ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo”.
En este sentido, desde Greenpeace se recuerda que el pasado 8 de mayo de 2015, el Consejo de Estado de Bélgica “señaló claramente que esta normativa de seguridad nuclear debe aplicarse a un viejo reactor, incluso si no hay modificaciones sustanciales”. Un planteamiento que refuerza los criterios expuestos durante años por la organización ecologista, que ha exigido de manera sistemática el cierre de la planta nuclear más antigua de Europa (44 años).
Sin embargo, el proceso de evaluación de la solicitud de licencia presentada por Nuclenor meses atrás continúa en los mismos términos en los que se inició, es decir, sin abrir proceso de información pública. Ahora mismo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra a la espera de recibir los informes adicionales que solicitó a la empresa para seguir profundizando en la viabilidad técnica de la central con el horizonte de 2031.
“No puede ser que se iniciara el proceso de reapertura de Garoña sin permitir a la ciudadanía presentar sus alegaciones. Más grave aún resulta que en dos años no se haya enmendado el error. La legislación no deja lugar a dudas: es obligatorio permitir la participación pública y evaluar el impacto medioambiental también ante un proyecto de ampliación de una central nuclear”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.