La PAH consigue la suspensión cautelar del deshaucio de un hostelero
Un juez ordena la suspensión cautelar de la subasta de la vivienda y el negocio de un hostelero planteada por la Seguridad Social para cobrar sus deudas
El afectado intentará negociar un nuevo crédito bancario para pagar los 18.000 euros que debe a la Seguridad Social
Suspensión cautelarísima. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos ha conseguido paralizar, al menos de manera temporal, la subasta púbica de la vivienda y el negocio de un hostelero de la provincia que había sido programada por la Seguridad Social. Según explican desde la PAH, José Antonio, un pequeño empresario del norte de la provincia, viene arrastrando problemas económicos en su negocio, un bar-restaurante ubicado en el mismo inmueble que la vivienda familiar.
Ante esta situación, el afectado ha priorizado en todo momento el pago de la hipoteca que firmó en su día con el Santander, de la que apenas le quedan por devolver unos 6.000 euros tras aportar “religiosamente” todas las cuotas. Sin embargo, el golpe ha llegado por otro lado. Y es que, según exponen desde la PAH, José Antonio no ha podido hacer frente a las exigencias de la Seguridad Social, con la que mantiene una deuda de alrededor de 18.000 euros. Una deuda que el organismo estatal tenía previsto ejecutar mediante la subasta púbica del negocio el próximo día 2, una operación que supondría directamente el desahucio de la familia.
A pesar de ello, la plataforma ha confirmado hoy tras la reunión mantenida con el director provincial de la Seguridad Social, Luciano Galindo, que “se ha impuesto la cordura”. Según informan, el juez que recibió el pasado viernes la denuncia de la plataforma ha ordenado aplicar una “suspensión cautelarísima” de la subasta, lo que permitirá a José Antonio encontrar otras vías para saldar su deuda con la Seguridad Social en los próximas días -o semanas- y evitar el consiguiente desahucio.
Ampliación del préstamo
En este sentido, Antonio Tella, portavoz de la PAH, ha reconocido que se está trabajando para renegociar el crédito concedido en su día por la entidad bancaria y poder así afrontar el pago de la deuda con la Seguridad Social, una posibilidad que invita al “optimismo”, aunque todavía haya “muchos escenarios” posibles.
Eso sí, la situación, que todavía no se ha terminado de solventar, no ha hecho sino levantar nuevas ampollas entre la plataforma y las administraciones públicas. “Es inconcebible que una administración pública sea la que quite la vivienda a una familia. No tienen alma”, asegura Tella. Y más, insiste, teniendo en cuenta que, en todo caso, la deuda con la Seguridad Social la mantiene la empresa, no la familia y que el inmueble está valorado en “90.000 euros”, una cantidad sensiblemente superior a la de la propia deuda.
