Un informe jurídico determinará si Aguas puede contratar y renovar la plantilla
Secretaría General trabaja en un documento para determinar el régimen jurídico de la sociedad municipal
Blasco quiere saber si es una mercantil o depende del Ayuntamiento, porque eso afectará a las convocatorias de empleo
La presidenta recuerda que pagan un canon anual y el IBI de las instalaciones como ente independiente
Hace justo un año, Aguas de Burgos acababa de superar una encrucijada. La sociedad municipal tuvo que hacer frente al proyecto de enganche de los puestos y atracciones de las barracas a la red de abastecimiento y saneamiento. Un informe del secretario general había echado para atrás la intención del IMC de sacar a concurso dicha intervención, asegurando que Aguas de Burgos era una entidad 100 por cien propiedad del Ayuntamiento, así que se le podía encargar cualquier tipo de trabajo, vinculado con su área, sin que mediase contrato, ni pago ni factura.
El planteamiento del secretario no gustó nada a la presidenta de Aguas, Carolina Blasco, quien anunció en su momento que se solicitaría un informe para aclarar el régimen jurídico de la sociedad. Pues bien, Luis Alfonso Manero, el nuevo secretario general, trabaja ya en la elaboración de un documento “genérico” sobre Aguas de Burgos, según ha explicado Blasco, en el que se analizaran diferentes cuestiones, priorizando aspectos relativos a personal y posibilidades de contratación. Y es que este es uno de los asuntos que más preocupa en el seno de la sociedad mercantil.
Plantilla
Trabajadores en puestos clave están a punto de jubilarse sin que se sepa cómo cubrir los puestos
Las administraciones continúan con las restricciones a la hora de renovar las plantillas, plantear ofertas públicas de empleo y realizar contrataciones, y Blasco quiere saber si dichas limitaciones tienen que afectar a Aguas de Burgos. En estos momentos se está negociando el convenio colectivo en el seno de la sociedad y uno de los obstáculos que se presentan es que algunos trabajadores, que llevan tiempo trabajando en la misma, no pueden promocionar dado que no ocupan un puesto fijo. Para solucionar el problema sería necesario hacer una convocatoria pública de empleo, pero no saben si se puede hacer.
Además, Carolina Blasco señala otro problema. En breve se producirán las jubilaciones de algunos puestos clave de la sociedad, y tampoco está claro cómo se van a cubrir, porque sin cubrir no se pueden dejar. Así las cosas, la solicitud al secretario general pasa por un informe que determine si Aguas de Burgos depende al 100 por cien del Ayuntamiento, como aseguraba ese informe puntual emitido por José Antonio Torres Limorte con motivo de la feria de atracciones, o, si por el contrario, como sociedad mercantil se considera un ente independiente.
En el primero de los casos, la renovación de plantillas y las promociones estarían muy limitadas. En el segundo, las decisiones dependerían directamente del consejo de administración de la sociedad. Blasco insiste en que lo prioritario ahora es resolver estas cuestiones, porque las jubilaciones de personal están próximas, si bien es cierto que con ellas se dirimirían otros problemas que también preocupan a la presidenta. Y es que la situación generada el año pasado con las barracas muestra ciertas “incoherencias” en la forma de gestionar Aguas de Burgos.
Independencia
El conflicto en barracas fue casi anecdótico pero muestra un problema de fondo
En estos Sampedros 2015 se ha seguido a rajatabla el informe elaborado por Torres Limorte, pero Blasco recuerda que si de verdad la sociedad está al servicio del Ayuntamiento, tiene que ejecutar todos los trabajos que se le encarguen y hacerlo sin necesidad de que medie contrato o factura, la situación en la que se encuentra es un tanto confusa. Los estatutos determinan que sus funciones son las de abastecimiento y saneamiento del agua, y la tasa que paga el ciudadano debe aplicarse a estos trabajos, no derivarse a otros proyectos que pueda encargarle el Ayuntamiento, como el enganche en la feria, opina Blasco.
Y las dudas van más allá, porque Aguas paga al Consistorio un canon anual de 2,5 millones de euros por la concesión de los servicios, más el IBI por los locales e instalaciones municipales que ocupa. Mientras, el Ayuntamiento tiene que pagar el agua que consume en sus edificios, aunque de momento tiene una deuda importante, que se incrementa sobre todo con el consumo de agua de riego para parques y jardines, dado que la UTE encargada de los trabajos no asume esos gastos. Por ambas cuestiones, Aguas actúa como una mercantil independiente, lo que contrasta con ese informe de Torres Limorte, de ahí la necesidad de aclara el régimen jurídico de la sociedad, insiste Blasco.