Amnistía Internacional asegura que el derecho a la vivienda “está en peligro”
La ONG publica un informe demoledor sobre la situación de la vivienda en España y acusa a las administraciones de “incumplir sus obligaciones” internacionales
Exige la creación de un parque de viviendas sociales, el desarrollo de protocolos de actuación específicos y la mayor dotación de los tribunales para evaluar los casos
El informe se presentó en el Foro Solidario. GIT
España no cumple con sus obligaciones en materia de vivienda. Así lo ha denunciado esta mañana Amnistía Internacional (AI), que ha hecho público un informe realizado en el ámbito estatal que pretende servir como punto de inicio de una intensa campaña de sensibilización y presión al Gobierno para acabar con lo que la ONG considera un auténtico atentado contra los derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional se subraya que la vivienda “es un derecho humano” y no “un bien de consumo”
Desde Amnistía Internacional se subraya que la vivienda “es un derecho humano” y no “un bien de consumo”
César Hernández, responsable del área de vivienda de Amnistía Internacional en Castilla y León, ha sido el encargado de presentar las principales conclusiones de un informe elaborado durante los últimos meses y que presenta una fotografía de situación muy desgarradora. Según denuncia, en España “la vivienda sigue considerándose un bien de consumo”, cuando toda la normativa internacional subraya que es un “derecho humano”. Esa es al menos la principal conclusión que se extrae de un informe demoledor en torno al incumplimiento de la normativa internacional -e incluso nacional- que se viene realizando, según AI, de manera sistemática por los diferentes gobiernos centrales, autonómicos y locales.
En este sentido, las acciones de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han dado “visibilidad” al problema, pero sus raíces van más allá de la paralización de desahucios de manera puntual. El problema, insisten desde AI, reside en la aplicación de las diferentes normas. Para empezar, las ejecuciones hipotecarias no distinguen entre “vivienda habitual” y otro tipo de viviendas, por lo que todos los expedientes se meten en el mismo saco.
Según Hernández, esto se debe a la extremada limitación que tienen los tribunales para valorar las condiciones concretas de cada caso. No hay estudio de efectos ni apenas posibilidad de recurso por parte de los afectados. De hecho, Hernández recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo “ha obligado a España” a reformar la ley de enjuiciamento civil para asegurar, entre otras cosas, la posibilidad de recurso.
Sin protocolos ni información
Tampoco existe un protocolo definido para facilitar la negociación con las entidades bancarias ni hay datos concretos sobre el número de personas afectadas por una ejecución hipotecaria o por un desalojo por impago del alquiler (cuyo número total ya supera al de desahucios hipotecarios), por lo que es muy difícil valorar fehacientemente la magnitud del “problema”. De lo que sí que hay datos oficiales es del numero de desalojos realizados, y de nuevo es un dato demoledor. Entre principios de 2012 y mediados de 2014 se realizaron un total de 98.000 desalojos de vivienda habitual.
Mientras tanto, desde Amnistía Internacional se critica la existencia de un stock de viviendas vacías de magnitudes desproporcionadas. Sólo el Sareb, conocido popularmente como ‘Banco malo’, cuenta con un parque de 80.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, una cifra ínfima en contraposición con el total de viviendas vacías, que se calcula en alrededor de 3,4 millones (el 30 por ciento de todas las registradas en Europa).
Esta situación también choca frontalmente con el casi inexistente parque de viviendas sociales, que apenas supera el 1 por ciento del total (en Países Bajos es del 32%, en Austria es el 23%, en Reino Unido es del 18% y en Francia del 17%), un hecho que se ha visto incrementado tras la “venta de viviendas a fondos de inversión” por parte de las administraciones públicas y por la reducción de alrededor de un 50 por ciento del gasto en la materia.
PAH
Aumentar el volumen del parque de viviendas sociales es sin duda el gran reto que se ha autoimpuesto la PAH durante los últimos meses, en los que se está intentando forzar a la Junta de Castilla y León a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, desde el colectivo critican que la administración autonómica sigue enquistada a pesar de ser competente en la materia y contar con viviendas en propiedad vacías.