El Gobierno rechaza los recursos contra la concesión a BNK del permiso ‘Urraca’
Las alegaciones advertían de la falta de evaluación ambiental, afección a parques naturales y existencia de efectos adversos
El Gobierno asegura que los permisos de investigación no valoran estos aspectos, dado que otorgan un mero título demanial
Son las autorizaciones de exploración las que deben analizar las posibles consecuencias de una perforación por fracking
El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de los viernes, desestimar los recursos interpuestos contra la concesión del permiso de investigación ‘Urraca’ a la compañía canadiense BNK España, ubicado entre las provincias de Burgos y Álava. En sus alegaciones, los recurrentes aseguraban que el expediente se había tramitado con total ausencia de información y participación públicas. Además, aseguraban que el permiso se había concedido sin evaluación de impacto ambiental, infringía la legislación sectorial sobre el dominio público hidráulico y afectaba a parques naturales.
El Gobierno Central ha decidido desestimar los recursos en base a que ni la Ley de 2006 sobre acceso a los derechos de información y participación en materia de medio ambiente ni el Convenio Aarhus (tratado internacional que regula la misma materia) se desprende que los poderes públicos estén obligados a facilitar la participación de persona física o jurídica, asociación, organización o grupo en el procedimiento de concesión de un permiso de investigación, ni tampoco se recoge su derecho efectivo a dicha participación.
Los efectos negativos no se contemplan
Los permisos otorgan exclusividad para investigar, pero no autorizan las exploraciones o explotaciones
Por lo que respecta a la ausencia de una evaluación de impacto ambiental, el Gobierno recuerda que el permiso otorga un mero título demanial, es decir, da exclusividad a su titular, este caso BNK España, para investigar la existencia de hidrocarburos en el área afectada, pero no autoriza automáticamente ningún tipo de trabajo. Es por ello que de su concesión no pueden desprenderse ni daños al medio ambiente ni a la Red Natura, puesto que tales daños se producirían, en su caso, por los trabajos específicos (sondeos, campañas sísmicas…) previstos en el programa de investigación del permiso, y son estas actuaciones las que deben venir precedidas de la evaluación de impacto ambiental.
Mismo argumento utiliza para rechazar las alegaciones sobre vulneración de la legislación sobre dominio público hidráulico y los daños que puedan derivarse para la salud de las personas, referidos en este último caso a los efectos negativos potenciales derivados de filtraciones y vertidos incontrolados de las aguas tóxicas y peligrosas utilizadas en el proceso de extracción del gas pizarra. Desde el Gobierno insisten en que este tipo de efectos adversos no pueden ser valorados cuando se otorga el permiso de investigación, sino que lo serán a la hora de conceder la autorización de exploración.
Proyectos de exploración
Precisamente, en estos momentos la empresa canadiense está a la espera de que el Ministerio de Industria autorice los proyectos de exploración solicitados, y por los que prevé abrir hasta 6 pozos de perforación, dos por cada uno de los emplazamientos definidos en Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urría y Villarcayo. El objetivo de esos proyectos de exploración, que no de extracción de gas pizarra, sería confirmar la existencia del material y, sobre todo, determinar su calidad y su cantidad, a fin de saber si su explotación sería rentable económicamente.
Cabe recordar que la empresa BNK España cuenta con, aunque cada uno de ellos depende de una administración deferente. En el caso de ‘Urraca’, si bien los pozos se construirían en Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urría y Villarcayo (según el proyecto presentado), abarca un área de actuación que incluye terrenos de Álava, de ahí que las autorizaciones deban provenir del Ministerio de Industria. Por su parte, Sedano afecta exclusivamente a Burgos, con otros seis pozos en Valle de Sedano y Merindad de Río Ubierna, y su autorización depende de la Junta de Castilla y León.
