Los Parados y Precarios critican la privatización de la orientación laboral
Piden a la Junta que haga público el contrato con la Fundación Sócrates, empresa que se encarga de parte de la orientación laboral del Ecyl
Aseguran que el objetivo, al margen de beneficiar a empresas privadas, es reducir el número de desempleados
Los Parados y Precarios de Burgos quieren contar con el contrato entre la Junta y Fundación Sócrates. IAC
La Asamblea de Parados y Precarios de Burgos denuncia el interés, por parte de la Junta de Castilla y León, de privatizar la orientación laboral. El servicio que venía prestando el Ecyl de forma fluida hasta 2013, con 150 orientadores laborales más en plantilla, ahora ha pasado, en parte, a manos de una Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada ‘Fundación Sócrates’ y que tiene su sede en Chiclana (Cádiz).
Los Parados y Precarios han solicitado formalmente a la Junta que haga público el contrato firmado con Fundación Sócrates y que afecta a toda la comunidad en tres contratos distribuidos por provincias. En Burgos, los Parados y Precarios de Burgos denuncian que el Ecyl ha facilitado los datos personales de 3.000 demandantes de empleo para que puedan ser orientados laboralmente por esta UTE que, a su vez, habría llegado a Burgos a través de una subcontrata con una empresa de cursos de formación que tiene su sede en Villalvilla.
Los Parados y Precarios calculan que de esos 3.000 datos facilitados serán contactados la mitad y a los que, según denuncian, se les exige firmar la autorización a Fundación Sócrates para “indagar” en los antecedentes laborales. Esto implica que una negativa pueda acarrear que se les niegue la antigüedad como demandantes de empleo o incluso que se les cancelen las ayudas como desempleados.
La privatización del servicio de orientación laboral confluiría en dos vertientes, según advierten desde la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos. Por un lado, la privatización del servicio en beneficio de empresas privadas y a costa de trabajadores públicos. Por otro lado, la reducción del número de desempleados, en caso de no reconocer a aquellos demandantes de empleo que se nieguen a autorizar la “indagación” de la ‘Fundación Sócrates’ en su vida laboral.
