Lacalle se escuda en la venta a Mercadona para no aportar 1,7M€ al Consorcio del Desvío

El PSOE denuncia que la decisión la ha tomado unilateralmente el alcalde en base a los 3,6 millones ingresados por la venta de la parcela

Antonio Fernández Santos asegura que se hurta al Consorcio de contar con un fondo de garantía para renegociar la deuda en 2016

El concejal insiste en que la única salida para por rechazar la disolución del ente y plantear nuevas condiciones de pago con las entidades financieras

A principios del pasado año, el Ayuntamiento de Burgos llegó a un acuerdo con las fundaciones CajaCírculo y Caja de Burgos, entidades ambas conformantes del Consorcio del Desvío Ferroviario. Por el mismo, el Consistorio conseguía aplazar el pago de las amortizaciones de la deuda (valorada en 167,6 millones de euros) correspondientes a 2014 y 2015 hasta el 2016, a cambio de entregar al Consorcio 1,2 millones en 2014 y 1,7 millones en 2015, a fin de que se pudiese hacer frente a los intereses derivados de los préstamos suscritos con varias entidades financieras.

En el pasado ejercicio, el Ayuntamiento cumplió con su compromiso. Sin embargo, el concejal socialista Antonio Fernández Santos ha asegurado esta mañana que los 1,7 millones de euros previstos para 2015 no van a llegar al Consorcio. Así lo habría decidido, de manera unilateral, el alcalde, Javier Lacalle. Y la justificación que da para incumplir el acuerdo es “peregrina”: la venta de la parcela de Juan Ramón Jiménez a Mercadona. Como el Consorcio ha ingresado cerca de 3,6 millones, ya no requiere de esos 1,7 millones para hacer frente a intereses y demás obligaciones del presente ejercicio.

“Es una ruina para el Ayuntamiento disolver el Consorcio y asumir la deuda”

Para Fernández Santos, esta decisión impide al Consorcio disponer de un fondo económico que le sirva de garantía para, en 2016, plantear la renegociación de la deuda, si se quiere evitar su disolución automática. Y es que el socialista ha vuelto a recordar la situación crítica en la que se encuentra el ente, con una deuda de 167,6 millones de euros (certificada por la auditoría conocida el pasado viernes), y unos activos que están valorados en 77 millones. Así las cosas, llegado el 1 de enero del 2016, y si no cambia la situación económica, el Consorcio se disolvería de manera automática y el Ayuntamiento tendría que asumir la deuda.

Renegociación de la deuda

Fue el acuerdo al que llegó el propio alcalde, meses atrás, y que aún no se ha revocado, a pesar de que el Equipo de Gobierno se comprometió a solicitar un informe externo que determinase las responsabilidades de los tres organismos que conforman el Consorcio, a la hora de hacer frente al pago de la deuda. Fernández Santos sólo ve una solución posible, y es negarse a la disolución del Consorcio y apostar por una renegociación de la deuda. “Es una ruina para el Ayuntamiento disolver el Consorcio y asumir la deuda”, ha asegurado.

Por ello plantea que se renegocie esa deuda, para lo cual el Consorcio debería disponer de un fondo que garantice el pago, no ya de los intereses de los préstamos, sino de una parte de las amortizaciones previstas para el 2016. “No se negocia igual cuando tienes algo que dar que cuando vas a pedir que te perdonen la vida”, ha insistido, tras recordar que las entidades financieras ya le hicieron un favor al Ayuntamiento de Burgos, y a Javier Lacalle, aceptando un aplazamiento del pago de las amortizaciones hasta que pasase la convocatoria de elecciones municipales.

36,8 M€ de amortización

Santos insiste en que es imposible afrontar una amortización de 36,8 millones en 2016

Y es que, el concejal socialista ha insistido en que “no hay otra posibilidad”, porque los activos no se revalorizarán hasta el punto de cubrir íntegramente la deuda, y el Ayuntamiento no puede hacer frente a las amortizaciones previstas para próximos años. Estamos hablando de 36,8 millones de euros (entre amortización e intereses) para los años 2016, 2017 y 2018, en 2019 tendría que pagar 11,7 millones de euros, y otros 44,6 millones a repartir hasta el 2028, que es cuando finalizan los préstamos concedidos por las entidades financieras.