Lacalle califica de “carta a los Reyes Magos” las peticiones de la UTE del Bulevar
El alcalde explique que los servicios jurídicos municipales están estudiando la reclamación presentada por Copsa y Aroasa
Asegura que los 1,6 millones que solicitan no corresponden con la cantidad que legalmente deben recibir las empresas
El PSOE insiste en que el conflicto deriva de la gestión inadecuada de la crisis de Gamonal por parte del Equipo de Gobierno
Copsa y Aroasa, la unión temporal de empresas adjudicataria de las obras del fallido bulevar de la calle Vitoria y el aparcamiento subterráneo, reclama al Ayuntamiento de Burgos una indemnización de 1,6 millones de euros. Cantidad que el PSOE considera injustificada y que para el alcalde, Javier Lacalle, es “una carta a los Reyes Magos”. Durante el pleno ordinario celebrado esta mañana, Lacalle ha asegurado que “en modo alguno esos 1,6 millones corresponden a lo que debe recibir” por haberse suspendido las obras tras los disturbios de Gamonal.
El alcalde asegura que esos 1,6 millones no corresponden, en modo alguno, a lo que debe recibir
Ante pregunta del concejal socialista Antonio Fernández Santos, el alcalde ha explicado que los servicios jurídicos municipales están estudiando la reclamación, y calculando cuál es la indemnización que le corresponde a la UTE. Desde el PSOE tienen claro que el Ayuntamiento sólo tendría que pagar 279.793 euros en concepto de indemnización por las obras que no se llegaron a ejecutar, y que corresponde con el 6 por ciento del total del presupuesto, tal y como marca la ley para este tipo de supuestos. Ni un duro más, insiste Santos, al mismo tiempo que ha vuelto a responsabilizar al alcalde de este nuevo problema.
Y es que si no hubiese suspendido las obras de manera “unilateral”, y sin acuerdo con las empresas, ahora no se estaría enfrentando a este tipo de reclamación. Además de lo que legalmente les corresponde, Copsa y Aroasa solicitan otras cantidades en base a la concesión del aparcamiento que se iba a construir en la calle Vitoria. En concreto, piden 371.458 euros por el beneficio industrial dejado de obtener de la explotación de la infraestructura, y otros 924.744 euros por daños y perjuicios a costa de la suspensión temporal de la concesión. Dos reclamaciones que, según Santos, “son de dudosa legalidad”.