El Partido Popular rechaza solicitar la retirada de la Ley Mordaza

El PSOE, apoyado por Grupo Mixto y Altable, canaliza la proposición de PAH contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Pedían el compromiso municipal de exigir al Gobierno Central su retirada y la dimisión del ministro de Interior

De Foronda ha asegurado que “garantiza el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos”, sancionado violencia y conductas incívicas

El Partido Popular rechaza solicitar la retirada de la Ley Mordaza Miembros de PAH han subido al Salón de Plenos. GIT

Defensa cerrada del Partido Popular a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, frente a la proposición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), debatida en el pleno ordinario de esta mañana. El Grupo Municipal Socialista, apoyado por Izquierda Unida y UPyD, ha servido de “cauce” para que la propuesta del colectivo, con la que se buscaba que el Ayuntamiento solicitase la retirada de la Ley y la dimisión del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, llegase al Pleno Municipal, única forma de hacerlo.

“Establece un binomio, libertad-seguridad”

El concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, ha sido el encargado de justificar el rechazo de los “populares” a la proposición, asegurando que la nueva ley “garantiza el normal desarrollo de la vida, libertad y derecho de los ciudadanos”. En ningún momento limita derechos fundamentales, como argumentan desde la PAH, ni “modifica el régimen jurídico de la manifestación”. Nace para “dar respuesta a incidentes violentos”, sancionar conductas “incívicas”, siendo además “garantista”, porque regula el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, ha asegurado De Foronda.

Limita las identificaciones policiales para evitar que se vean afectadas por perfiles éticos y discriminación, los controles en vías públicas, el modo de realizar los cacheos y los registros… Es una ley “necesaria, conveniente y oportuna”, ha asegurado el concejal, que nace en un momento en el que se han recrudecido los comportamientos violentos de calle. Entre enero de 2012 y septiembre 2014, se han producido más de 1.000 disturbios violentos en toda España, con 855 ciudadanos heridos, 718 agentes afectados y un coste económico de 47,5 millones de euros, ha insistido.

Regresiva e innecesaria

“Crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos”

Cifras que, a juicio del PSOE, no justifican una ley que criminaliza las acciones de protesta ciudadana y limita derechos y libertades fundamentales, a través del miedo. “Amedrenta” a los ciudadanos, exponiéndoles a sanciones administrativas “discrecionales” y obligándoles a a tener que demostrar su inocencia frente al testimonio de “autoridad” que ofrece cualquier agente. Una ley que, en palabras de Raúl Salinero (IU), es “típica de los regímenes totalitarios”, y nada tiene que ver con el sistema democrático. Una ley “regresiva” y que amenaza a los colectivos más vulnerables, según Julián Altable.

Respetando el texto de la moción registrada en su día por PAH-Burgos en el Ayuntamiento, la oposición pedía el compromiso municipal para solicitar al Gobierno central que retirase de manera inmediata la Ley de Seguridad Ciudadana, al mismo tiempo que cesase al ministro de Interior. El Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha echado para atrás la proposición, en presencia de algunos miembros de la PAH, que estaban en el salón de plenos. Otros muchos, se encontraban en la Plaza Mayor, recordándole al Equipo de Gobierno que las denuncias de Policía Local contra cuatro de sus miembros no frenarán sus reivindicaciones.