El PSOE cree que la UTE del Bulevar sólo debe cobrar 279.793 euros

Consideran que la UTE adjudicataria de las obras del Bulevar de Gamonal solo tiene derecho a una pequeña parte de todo lo que exige en concepto de indemnización

Fernández Santos argumenta que no se puede cobrar el beneficio industrial de la concesión del aparcamiento si ni siquiera se empezó a construir

Copsa y Aroasa, empresas integradas en la UTE que resultó adjudicataria de las malogradas obras del Bulevar de la calle Vitoria “no tienen derecho” a cobrar los 1,6 millones de euros que ahora reclaman al Ayuntamiento en concepto de indemnización. Eso es al menos lo que opina el Grupo Municipal Socialista, que confía en que el Consistorio sólo afronte el pago de los 279.793 euros que ambas empresas le exigen por el 6 por ciento del precio de las obras que no se llevaron a efecto, tal y como marca la ley.

Copsa y Aroasa exigen el pago de 1,6 millones de euros en concepto de indemnización por no ejecutar las obras

Según el concejal socialista Antonio Fernández Santos, esta es la única indemnización que debería afrontar el Ayuntamiento, ya que el resto de aspectos reclamados por la UTE se basan en la concesión del aparcamiento, que obviamente nunca se comenzó a construir. En este ámbito, las empresas adjudicatarias reclaman 371.458 euros por el beneficio industrial dejado de obtener por la explotación del aparcamiento y otros 924.744 euros por daños y perjuicios a costa de la suspensión temporal de la concesión. Dos reclamaciones que, según Santos, “son de dudosa legalidad”. “Nunca ha tenido la concesión del aparcamiento”, ya que ésta “se debía haber concedido, en todo caso, una vez terminada la obra”, por lo que “no se ha producido ningún daño ni perjuicio” en este sentido concreto, destaca.

Así pues, el PSOE se desmarca de la petición de la empresa y minimiza la factura que deberá afrontar el Ayuntamiento. Una factura que, eso sí, deberían pagar “a escote” los miembros del Equipo de Gobierno, ya que viene motivada exclusivamente por “sus gravísimos errores”. “Es casi imposible gestionar peor aquella obra” y “la resolución del contrato”, asegura el concejal. No en vano, fue el Consistorio el que rompió “unilateralmente” la relación contractual sin intentar antes alcanzar un consenso con las empresas, lo que otorgó a éstas la capacidad judicial para reclamar. “Cuando una de las dos partes rompe el contrato, hay responsabilidades a las que se tiene que hacer frente”, subraya Santos.