Los instaladores eléctricos critican la apuesta por las centrales de compras

La Asociación Profesional de Industrias Eléctricas y de Telecomunicaciones (Apilet) asegura que las centrales de compras ponen en riesgo a más de cien empresas

Cuestionan la fórmula al entender que incurre en prácticas monopolísticas

Los instaladores eléctricos critican la apuesta por las centrales de compras

La Asociación Profesional de Industrias Eléctricas y de Telecomunicaciones de Burgos (Apilet) ha criticado la apuesta de las administraciones públicas por potenciar las centrales de compra y contratación. Y es que, según denuncian desde la asociación, la implantación de este modelo tendrá como consecuencia inmediata la “precariedad en las condiciones de subcontratación por parte de los grandes suministradores del sector, y a corto plazo provocará la pérdida de miles de puestos de trabajo y la desaparición de muchas de las pequeñas y medianas empresas”.

En este sentido, el colectivo asegura que las centrales de compra “ponen en peligro la viabilidad de un millar de empresas que operan en el sector en Castilla y León (unas 100 en Burgos), y dificulta el mantenimiento de los 4.000 puestos de trabajo que actualmente generan (500 en esta provincia)”.

En la misma línea, Apilet alerta del riesgo que supone la implantación de las centrales de compra en torno al “mantenimiento de una competencia efectiva”. A su juicio, la adhesión de ayuntamientos y diputaciones a esta fórmula “vulnera las garantías que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. Además, denuncian, la proliferación de centrales de compra implican una “falta de garantías que supone la realización de obras con materiales y precios que no se ajustan a las condiciones de mercado que deben regir este tipo de actividades”. Y todo ello derivado, según afirman, de apostar por un modelo que prima el “monopolio” por parte de las grandes empresas. 

Por todo ello, y conscientes de que “la necesidad de racionalizar el gasto público”, los instaladores eléctricos llaman a la “reflexión” por parte de las administraciones públicas para que replanteen la fórmula. “Gastar menos no debe implicar gastar peor”, concluyen