UPyD se opone a la solicitud de archivo de la causa contra Arribas Moral

Rechaza la petición de sobreseimiento del caso elevada por la defensa de José María Arribas Moral por las supuestas “irregularidades” al frente de Caja Burgos

Pide la imputación de varios miembros del Consejo de Administración

Solicita abrir nuevas diligencias por un delito de administración fraudulenta

UPyD se opone a la solicitud de archivo de la causa contra Arribas Moral José María Arribas. GIT

Continúa el trámite en los tribunales. UPyD ha confirmado hoy su rechazo a la petición de sobreseimiento que ha presentado la defensa de José María Arribas Moral en el proceso judicial iniciado por la formación magenta ante las supuestas “irregularidades” que cometió el ex director de Caja de Burgos. Lejos de aceptar tal solicitud, UPyD exige abrir nuevas diligencias para esclarecer el supuesto delito de administración desleal que se imputa al expresidente de Caja Burgos.

La formación magenta refuta el sobreseimiento al considerar que en su interrogatorio Arribas Moral no explicó con suficiente solvencia el “agujero” de 12,51 millones de euros que generó en la entidad y que correspondía al 93 por ciento de todos los créditos concedidos por la entidad al Consejo de Administración.

UPyD considera que Arribas Moral utilizó sus contactos para obtener préstamos en condiciones ventajosas

Del mismo modo, añaden desde UPyD, las pruebas apuntan a que Arribas Moral utilizó sus contactos en Banca Cívica para obtener préstamos en condiciones ventajosas para hacer frente a las deudas de una empresa de su propiedad (INDASA) durante el proceso de integración, por lo que podría haber antepuesto sus intereses personales a los de la entidad. Una empresa que según la administradora concursal Ana Montero realizó “maquillaje contable” de los estados financieros de la compañía y cuyo concurso de acreedores se calificó como culpable. Es decir, que los gestores de INDASA no sólo se declararon insolventes, sino que con sus decisiones agravaron la situación de la peletera.

No obstante, aseguran desde UPyD, la gestión de Arribas Moral no sólo resultó negativa para sus empresas. El Banco de España incluyó a Caja Burgos entre las entidades de “perfil de riesgo supervisor alto” por su débil estructura financiera, por su concentración de capital en el sector promotor o por la preocupante gestión de las empresas en el sector inmobiliario.

La formación también ve indicios de delito en la “gratificación extraordinaria” que el ex director general de la caja, Leoncio García, entregó al ex presidente por sus servicios durante la absorción por Banca Cívica. Una compensación que excedería, a juicio de los servicios jurídicos de UPyD, las atribuciones de García y que contravendría la Ley de Cajas de Castilla y León (art. 39 del Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio) y los propios Estatutos de Caja Burgos (art. 9).

Nuevas imputaciones

Por todo ello, UPyD pide también la imputación del ex director general, Leoncio García, y de los miembros del Consejo de Administración Ángel Ibáñez, Emilio Jordán, Ángel Calvo y Julio Roberto González. Los tres últimos, además, formaban parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo. Asimismo, solicita que declaren como testigos la administradora concursal de INDASA, Ana Montero, y el ex secretario general de Caja Burgos, Andrés Carretón. También pide el nombramiento de un perito judicial para concluir si los créditos y las posteriores renovaciones que recibieron Arribas Moral y sus allegados se concedieron en condiciones de mercado, tal como estipula la ley.

Requiere, además, a Caixabank SA (sucesora de Banca Cívica) que remita los expedientes de todos los movimientos de las entidades financieras que conformarían Caixabank al expresidente de Caja Burgos, sus empresas o personas vinculadas, así como de los miembros del Consejo de Administración imputados. Por último, pide que la Fundación Caja Burgos remita las copias de las actas desde 2005 hasta la actualidad del Consejo de Administración y las distintas comisiones que conformaron los órganos de gobierno de la entidad.