El juicio por el fallecimiento de Vargas queda visto para sentencia
Finaliza la vista oral del caso que juzga el supuesto homicidio por imprudencia de Neptalí Vargas tras una intervención policial en Las Matillas en 2011
El fiscal pide dos años de cárcel para el policía local J.M.A.P., principal imputado
Las defensas aseguran que “no hay pruebas de caro” y “nadie sabe cómo cayó”
La Fiscalía ha sentado a tres policías locales de Miranda. GIT
En manos del tribunal. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio por el presunto homicidio por imprudencia de Neptalí Vargas, el ciudadano ecuatoriano que falleció en junio de 2011 en el hospital Santiago Apóstol de Miranda tras una intervención policial en el campo de fútbol de Las Matillas. Y lo ha hecho con pocos cambios de planteamiento respecto a las conclusiones iniciales con las que las cuatro partes arrancaron el juicio.
Las cuatro partes mantienen prácticamente inalterables las conclusiones previas
Las cuatro partes mantienen prácticamente inalterables las conclusiones previas
Así, tanto la Fiscalía como la acusación particular y las defensas de los policías locales imputados en mayor o menor grado de participación por el fallecimiento de Vargas y el encubrimiento de las pruebas han mantenido sus peticiones. Sólo un cambio sustancial tras la vista oral. Tras escuchar de nuevo la declaración de todos los testigos, el Ministerio Público ha decidido reducir a la mitad la solicitud de indemnización para los familiares de Vargas, así como retirar la imputación por lesiones de L.G.V., uno de los compatriotas del fallecido.
Al margen de esos dos cambios puntuales, el fiscal mantiene todos y cada uno de los puntos que le llevaron en su día a solicitar la imputación de J.M.A.P. como principal culpable de un delito de homicidio por imprudencia al ser autor del empujón que provocó la caída y las lesiones craneales que posteriormente acabaron con la vida de Vargas. En este sentido, el Ministerio Público asegura que “ha quedado acreditada” la autoría de dicho empujón teniendo en cuenta las “pruebas” y la declaración de los principales testigos, que apuntan directamente hacia J.M.A.P.
Versión “absurda”
Además, añade, la versión de los hechos aportada por los imputados y sus compañeros “es totalmente absurda” y presenta “numerosas contradicciones”, por lo que su testimonio “carece de crédito” en este caso concreto. Ni siquiera la “presunción de veracidad” con la que cuentan los agentes de la autoridad en un juicio puede ser “tenida en cuenta” a la luz de las “incoherencias” planteadas. El argumentario del fiscal también se apoya en la conversación que la Policía Nacional escuchó aquella noche por la radio, en la que se asegura haber oído a dos agentes locales hablar sobre una persona que se había “caído”.
El fiscal considera “gravísima” la manipulación del móvil
El fiscal considera “gravísima” la manipulación del móvil
Asimismo, el Ministerio Público considera “gravísima” la “manipulación de pruebas” que se produjo con el borrado de las supuestas imágenes que documentaban la intervención policial. Una manipulación cuya autoría no se ha podido concretar, pero que según él tuvo que ser obra de un agente municipal.
Por todo ello, el fiscal solicita la condena de J.M.A.P. por un supuesto homicidio por imprudencia. Eso sí, deja a “criterio de la sala” la gravedad de dicha imprudencia, ya que la presencia de lesiones craneales y de una intoxicación etílica se traduce en una “concurrencia de culpas” y el fiscal tiene dudas de cuál fue la importancia que jugó cada una de esas situaciones en la posterior muerte. Si fueran las lesiones la causa más importante, hablaríamos de un delito de dos años de prisión, mientras que en el caso contrario, sería una falta.
Encubrimiento
Más contundente se muestra la acusación particular, que también considera “acreditado” que los “hechos” se produjeron tal y como relataron los compatriotas de Vargas. Según sus conclusiones, J.M.A.P. empujó al fallecido, mientras su compañero, también imputado en el caso, le quitaba con violencia a M.F.L. el móvil con el que supuestamente documentaba la intervención. Por estos hechos, la acusación imputa a ambos agentes sendos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y encubrimiento.
Asimismo, la letrada que ha dirigido la acusación de los agentes también imputa a M.P., al que acusa de ser el autor del robo del teléfono y su posterior manipulación, al entender que también queda “acreditado” que intentó con esta actuación ayudar a sus compañeros. Para fundamentar su planteamiento, la acusación también echa mano de la conversación por radio, del testimonio de los testigos y de las fotografías que consiguieron rescatarse de la memoria del teléfono. A su juicio, y siguiendo la lógica planteada por el fiscal, la versión de los hechos aportada por los policías “no se sostiene” por ningún lado.
Din pruebas de cargo
Muy diferente es la lectura que realizan las dos defensas. Y es que, lejos de aceptar los planteamientos anteriores, los letrados encargados de defender a los agentes locales consideran que en todo el proceso no se ha presentado ni una sola “prueba de cargo”, sino que todo son “meras hipótesis” tan válidas como cualquier otra. De hecho, subrayan, “nadie sabe cómo cayó Neptalí Vargas”. Lo único que se sabe es que J.M.A.P. “no le empujó”.
Las defensas consideran que no hay “pruebas de cargo”, sino meras “hipótesis”
Las defensas consideran que no hay “pruebas de cargo”, sino meras “hipótesis”
A este respecto, la defensa ha planteado muchas dudas en torno a la cadena de causalidad que pudo producir la muerte de Vargas. A su juicio, las lesiones que la provocaron pudieron producirse antes de la intervención o incluso en el hospital. Además, no hubo “omisión de información”, ya que en ningún momento se le vio caer. Al menos eso es lo que aseguran los agentes, cuya presunción de veracidad debería, según sus letrados, mantenerse en un nivel superior a la de los compatriotas de Vargas, que presenta multitud de “incoherencias” y “falta de persistencia”.
También existen muchas dudas en torno a la cadena de custodia del teléfono móvil, ya que según los letrados no está comprobado que fuera un agente municipal el autor de la desaparición y manipulación del aparato.
Por todo ello, las defensas exigen la absolución de los tres policías imputados, mientras se solicitan penas para los dos detenidos aquella noche por atentado a agentes de la autoridad, lesiones y un delito contra la seguridad vial al negarse a realizar una prueba de alcoholemia. Asimismo, solicitan la retirada de las posibles indemnizaciones para la familia del fallecido, ya que, además de ser totalmente “desproporcionadas”, no ha quedado “acreditada” de manera oficial la relación familiar.