La Fiscalía admite a trámite la denuncia del PCAS a la gestión del PP en la Merindad de Río Ubierna
Los castellanistas han visto admitida su denuncia sobre el Equipo de Gobierno del municipio, especialmente Raúl Martín Bellostas al que acusan de prevaricación y falsedad documental
El concejal castellanista Daniel Martínez entregó nuemerosa documentación con pruebas de la denuncia que formalizaban
Luis Marcos, Juan Carlos García y Daniel Martínez presentando la denuncia en el Juzgado. IAC
La Fiscalía Provincial en Burgos iniciará las una investigación, por la denuncia, presentada por el Partido Castellano (PCAS), el pasado 5 de diciembre, contra el alcalde del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, Raúl Martín Bellostas. Los castellanistas consideran que existen delitos de prevaricación, malversación de cargos públicos, falsedad documental, y otras irregularidades, en su actuación municipal. Daniel Martínez, único concejal de la agrupación, ha ido acumulando documentación que podría acreditar los hechos que denuncian y por lo que la Fiscalía lo ha admitido a trámite.
El PCAS ha denunciado ante la Fiscalía el “foco de despilfarro” existente en la gestión del PP en el Consistorio de la Merindad, y especialmente la “dilapidación” de fondos públicos por parte Raúl Martín Bellostas. Además creen que este ha podido vulnerar la ley en concesión de licencias, adjudicación de obras y contratación de personal, lo que está aumentando la deuda del ayuntamiento, que debe atender a 21 núcleos de población y cuenta con poco más de 1.400 habitantes.
Desde el Partido Castellano se denunció la presunta concesión de varias licencias urbanísticas, tanto en el núcleo de Sotopalacios, como en otras localidades de la Merindad, incumpliendo las Normas de Ordenación Urbanas vigentes en cada momento, así como la contratación de diversas obras por importes “supuestamente” superiores a su coste real.
Los castellanistas también denunciaron el “incumplimiento sistemático”, en materia de contrataciones de empleados públicos, sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pretendiendo, además, su “incorporación irregular” a la plantilla de personal del propio Ayuntamiento, y favoreciéndose a personas que mantienen relación personal, familiar o política con responsables del PP.