Nuclenor vuelve a defenderse de las críticas hacia Garoña
La empresa recuerda que todas las evaluaciones a las que se ha sometido la central han confirmado que “es segura” a pesar de las críticas
Reivindica su papel como “dinamizador de la economía” de la zona de influencia
Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, se ha querido defender de las últimas críticas vertidas por buena parte del los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, que ayer firmaron un acuerdo para evitar la reapertura de la planta en caso de llegar al Gobierno el próximo año. Y es que, tal y como ha manifestado Nuclenor en un comunicado de prensa, la planta del Valle de Tobalina “es segura”. Según la empresa, así lo confirman “todos los estudios, informes, inspecciones y evaluaciones a las que se ha sometido hasta el momento” la central nuclear.
En este sentido, desde Nuclenor reiteran que los resultados de dichas evaluaciones “demuestran que la vasija del reactor y los elementos más importantes de la instalación disponen de márgenes de seguridad para operar más allá de los 60 años”, que es el horizonte temporal planteado en la solicitud de renovación de licencia.
Además, añaden, “los informes emitidos con motivo de las pruebas de resistencia realizadas a las plantas nucleares, concluyen que los márgenes de seguridad de Santa María de Garoña son superiores a los requeridos en sus bases de diseño y están al mismo nivel que el resto de las instalaciones españolas y europeas“. Una seguridad que, según Nuclenor, se verá reforzada con las “medidas adicionales” que se llevarán a cabo en los próximos meses para cumplir las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear y hacer frente a todas las posibles emergencias que pudieran registrarse.
Por otro lado, la empresa ha vuelto a reivindicar su papel como “dinamizador de la economía y el empleo de la zona de influencia”. A este respecto, recuerdan desde la empresa, la central “da empleo a más de 1600 trabajadores directos e indirectos y genera una actividad económica que en 2012 se cifró en unos 279 millones de euros anuales, con una repercusión fiscal del orden de 75 millones” según el informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en abril de 2012.