El Ayuntamiento exige cambios en la Renta de Ciudadanía

El Pleno Municipal acuerda instar a la Junta a que modifique criterios de concesión para no dejar fuera a los que más lo necesitan

Se plantea que la Renta sea compatible con otras prestaciones y subsidios, cuando estos no permitan subsistir a sus beneficiarios

El 60 por ciento de las ayudas se rechazan por incumplir los requisitos y las admitidas tardan un año en resolverse

El Ayuntamiento exige cambios en la Renta de Ciudadanía La proposición llegó de la bancada socialista. GIT

El Ayuntamiento de Burgos instará a la Junta de Castilla y León a que modifique los criterios de concesión de las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para que lleguen a aquellos ciudadanos que realmente las necesitan. Y es que, según los datos ofrecidos por la concejal socialista Esther Peñalba, casi el 60 por ciento de las solicitudes son rechazadas, muchas de las cuales afectan a personas que no cuentan con los mínimos económicos necesarios para subsistir. Además, las resoluciones tardan casi un año en producirse y, por tanto, las ayudas llegan con importantes retrasos.

“Algo se está haciendo mal”, insistía la concejal durante la defensa de su proposición en el Pleno Municipal, para que la Renta Garantizada de Ciudadanía no cumpla los objetivos para los que fue creada. De ahí que Peñalba plantease una serie de modificaciones, que fueron bien recibidas por el resto de grupos municipales, lo que llevó a la aprobación de la proposición y su traslado a la Junta de Castilla y León. Aún así, la socialista mostraba sus dudas: “me gustaría saber que ese compromiso va ser realmente reivindicativo” y que la proposición no se va a quedar “en el baúl de los recuerdos”, como en otras ocasiones.

Cambios necesarios

“Me gustaría saber que ese compromiso va a ser realmente reivindicativo”

Las exigencias al Gobierno Regional pasan porque cambie todos aquellos requisitos que puedan impedir el acceso a personas que carecen de recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades. Se planteaban propuestas concretas como que la Renta Garantizada no fuese incompatible con otras prestaciones o subsidios, cuando estos no permitan subsistir a sus beneficiarios. Que se flexibilice la valoración de los bienes inmuebles en su consideración como patrimonio convertible en dinero; o la documentación a presentar para justificar que se carece de recursos.

Desde el Partido Popular estaban de acuerdo con el planteamiento socialista, puntualizando únicamente que la incompatibilidad de la Renta con otras prestaciones debía incluir una “coletilla” que especificase que dichas ayudas deberían complementarse hasta llegar al total de la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadana. Por su parte, el concejal de IU, Raúl Salinero, quería ampliar la proposición del PSOE, añadiendo otras exigencias a la Junta, como que retire recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, o que realice una reforma fiscal que garantice los servicios públicos.

Sin embargo, Esther Peñalba rechazaba las sugerencias puesto que, a pesar de compartir su opinión, consideraba que la proposición era lo suficientemente concreta.