Los vecinos de la Flex reclaman más de 10.800 euros de cobros indebidos
La nueva empresa que gestiona la comunidad les está cobrando facturas ya abonadas, así como gastos e impuestos que le corresponden a los propietarios
Denuncian un incremento de las cuotas mensuales, así como de los fijos de agua caliente y calefacción
Piden a la Junta de Castilla y León que medie en el conflicto y que vigile la existencia de pisos vacíos
Los vecinos del número 5 de la calle Carlos Sáez de la Tejada, en los terrenos de la antigua Flex, vuelven a exigir la mediación de la Junta de Castilla y León para solucionar el conflicto abierto con los propietarios, Inversiones Patrimoniales Urbanas. Los pisos son viviendas de protección oficial, cuyo contrato fue visado por el Gobierno Regional, pero ahora la administración “echa balones fuera”. La situación empieza a ser insostenible, con amenazas constantes de desahucio y cortes de suministro, mientras les reclaman gastos e impuestos que no corresponden a los vecinos o se les incrementan las cuotas mensuales y de consumo sin justificación alguna.
“Se está haciendo negocio con viviendas de protección que se financian con dinero público”
Los problemas con la comunidad vienen de lejos, ya que desde el principio han exigido las facturas de todos los gastos y recibos que se les giraban, sin conseguirlo. Sin embargo, el cambio en la empresa que se encarga de su gestión ha agravado la situación. Según explican los vecinos, les han empezado a reclamar facturas que ya han sido abonadas en ejercicios anteriores, al mismo tiempo que han presentado nuevas cuentas, “tergiversadas”, en las que repercuten a los inquilinos impuestos y gastos que deben ser asumidos por los propietarios.
Estamos hablando de más 4.000 euros, a distribuir entre los diferentes arrendatarios. Además, les obligan a pagar una derrama de 200 euros a cada uno de ellos, que se suma a un incremento en la cuota mensual del alquiler y a las subidas del 60 por ciento en el agua caliente y del 30 por ciento en la calefacción. La comunidad les cobra también gastos ajenos, como material de oficina, fotocopias o las retenciones de IRPF. En total, los vecinos reclaman que se les devuelvan más 10.800 euros, dinero que consideran que se les ha cobrado indebidamente.
Amenazas
“La Junta, como parte implicada, debe examinar la situación y depurar responsabilidades”
“Nos sentimos amenazados, coaccionados y desamparados”, insisten. Y que los sucesivos recibos vienen acompañados con amenazas de cortes en los suministros de luz, agua o calefacción, que se suman a las que llegan por la demanda por estafa presentada en marzo, y que se tramita todavía en los Juzgados. Además, la comunidad se desentiende del arreglo de los desperfectos o los demora hasta tal punto que acaban por deteriorar el propio edificio: humedades, inundaciones, ascensores estropeados durante días…
Por todo ello, los vecinos agrupados bajo la Plataforma Punto Negro de Corrupción piden a la Junta de Castilla y León que medie, “como parte implicada y responsable de estas viviendas”. Que examine la situación y depure responsabilidades, al mismo tiempo que investigue por qué hay viviendas vacías en el edificio cuando en la bolsa de pisos protegidos los propietarios niegan su existencia. Son varios los casos en los que ciudadanos, que cumplen todos los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, han acudido solicitándolas pero se le han denegado, asegurando que el inmueble está completamente lleno, cuando no es así, dicen los vecinos.
