Las residencias provinciales costarán lo mismo que las de la Junta
La Diputación de Burgos aprueba por unanimidad modificar la ordenanza reguladora del precio para homogeneizarla a la de la Junta de Castilla y León
El PSOE pide que se aplique con retroactividad, pero el PP lo rechaza
La nueva ordenanza supondrá un mayor “esfuerzo económico” para la Diputación
Acuerdo satisfactorio, pero con cruce de reproches. El pleno de la Diputación de Burgos ha aprobado hoy por unanimidad de todos los grupos una nueva modificación de la ordenanza reguladora del precio de las plazas en las cinco residencias para la tercera edad que gestiona la institución provincial. Una modificación exigida desde hace tiempo por el PSOE y que permite “homogeneizar” la ordenanza a la aplicada en las residencias de titularidad autonómica.
La nueva ordenanza implicara un mayor esfuerzo económico para la Diputación provincial
La nueva ordenanza implicara un mayor esfuerzo económico para la Diputación provincial
Hace ya varios meses, el equipo de Gobierno provincial recogía el guante lanzado por los socialistas y se comprometía a revisar la ordenanza para adaptarla a los criterios planteados por la Junta de Castilla y León, que basa el precio final en la ‘capacidad económica’ de los residentes, calculada sobre el 90 por ciento de los ingresos mensuales sumados al 5 por ciento del valor de sus propiedades. Hasta ahora, la Diputación establecía unos precios máximos de 45 euros al día para los asistidos y 31 euros para los válidos. Cada residente pagaba en líquido la parte que le correspondía en función de su ‘capacidad económica’, pero el resto de la cuota se quedaba como deuda contraída con la institución provincial.
Esa situación, unida a las liquidaciones remitidas a lo largo de este año, provocó una avalancha de reclamaciones por parte de los residentes y sus familias que finalmente ha derivado en una modificación de la ordenanza para eliminar esa posibilidad de generar deuda. Un acuerdo aplaudido por el PSOE y UPyD, pero con ciertos matices. Y es que, tal y como ha subrayado Chema Jiménez, portavoz de los socialistas, este nuevo cambio supone asumir “un error político” de enorme magnitud.
Además, ha añadido Jiménez, esta modificación, que empezará a aplicarse con la entrada del año, no resuelve el problema generado hasta ahora, por lo que ha pedido que se aplique de manera retroactiva y la Diputación “se olvide de la deuda” acumulada por los residentes hoy en día. Una solicitud descartada de manera frontal por el equipo de Gobierno, que entiende que “todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido de acuerdo a la legalidad”. A juicio de su portavoz, Borja Suárez, lo único que implica la modificación es “mejorar” una situación que “no era mala”, pero que aún podía potenciarse más.
Mayor esfuerzo
Lo que está claro es que la aprobación de esta nueva ordenanza supondrá un “enorme esfuerzo” económico para la institución provincial, que dejará de ingresar una ingente cantidad de dinero por esta vía. Los primeros cálculos apuntan a un coste aproximado de unos 400.000 euros, pero el propio Jiménez asegura que “va a ser mucho más”. Aún así, desde el PSOE se entiende que la rentabilidad social está por encima de la económica en este caso concreto, y el “equilibrio” de las cuentas del servicio, que la Diputación sigue prestando de manera “impropia”, ha de ir hacia ese lado.
