El PSOE pide oficialmente la nulidad de los modificados del HUBU
El PSOE de Castilla y León registra un recurso ante la Junta para pedir la nulidad de los dos grandes modificados del Hospital Universitario
Consideran que se han incumplido varios de los aspectos del proyecto inicial y se han aprobado actuaciones que no se han llevado a cabo
Irán al contencioso-administrativo si la Junta no responde en 3 meses
Miles de burgaleses han pedido el rescate del HUBU. GIT
Un nuevo intento. El PSOE ha registrado esta mañana en la Gerencia de Sanidad de la Junta de Castilla y León un recurso destinado a solicitar la “nulidad de pleno derecho” de los dos grandes modificados del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Según ha explicado a BurgosConecta la procuradora en Cortes autonómicas María Fernanda Blanco, el recurso se basa en el “incumplimiento” de diferentes aspectos de los modificados aprobados en 2009 y 2012 que de momento han disparado el coste de la construcción y equipamiento del HUBU hasta los “528 millones de euros”, más del doble de lo presupuestado inicialmente.
Los socialistas han detectado varios “incumplimientos” del contrato y de los propios modificados
Los socialistas han detectado varios “incumplimientos” del contrato y de los propios modificados
Entre los “incumplimientos” detectados por el PSOE destacan varias actuaciones que a pesar de estar aprobadas en los modificados todavía no se han desarrollado, como la creación de sendos institutos de Investigación Biomédica y Sanitaria de los que “nada se sabe”. Tampoco se sabe nada de la conexión viaria entre el HUBU y el Divino Valles, una actuación que además de estar contemplada en el modificado, ya estaba recogida “en el proyecto inicial”. En ese saco también se incluye la construcción del helipuerto, que también estaba contemplada en el pliego inicial de condiciones, aunque en este caso la infraestructura sí que está operativa en el complejo hospitalario.
Otra de las causas que han llevado al PSOE a exigir la nulidad de los modificados se centra en los “avances tecnológicos”. Según ha afirmado Blanco, el contrato inicial concretaba que cualquier sobrecoste derivado de las mejoras tecnológicas en Sanidad debería “correr a cuenta” de la empresa concesionaria. Sin embargo, uno de los modificados aprobados por la Junta contemplaba un coste extraordinario por esta vía.
Nueva vía
Todo ello ha motivado la presentación de un recurso que no supone sino dar un paso más en la pelea de los socialistas por aclarar las cuentas del proyecto y forzar la recuperación del hospital por parte de la Junta. En este sentido, Blanco ha lamentado la “opacidad” del Ejecutivo autonómico, que ha impedido obtener información completa de los modificados durante mucho tiempo.
Esa demora ha impedido que el PSOE presentara alegaciones a los modificados durante su fase de exposición pública, cerrando completamente esa vía y forzando la apertura de otros escenarios. “Como se ha superado con creces ese periodo, hemos optado por solicitar la nulidad, que es algo que no prescribe”, ha señalado Blanco. Además, el PSOE ha decidido solicitar la nulidad de todo el expediente, y no solo de la parte que entiende injustificada, ya que “está tan mal hecho” que “no queríamos pillarnos los dedos”, ha añadido.
Ahora, una vez registrado el recurso, los socialistas han planteado un plazo de “tres meses” para recibir respuesta del Gobierno autonómico. En caso de que se mantenga el “silencio administrativo” que vienen denunciado en esta materia concreta durante los últimos años, “se actuará en consecuencia”. ¿Y esto qué quiere decir? Nada más y nada menos que abrir un proceso contencioso-administrativo para que sea la propia Justicia la que declare la nulidad del expediente y, por ende, de los dos modificados que han incrementado el coste del HUBU en “al menos 286 millones de euros”.
Objetivo final
Y todo ello con un objetivo sobre la mesa: obligar a la Junta a recuperar la gestión del hospital. Un rescate que, eso sí, los socialistas exigen que se realice en unas condiciones “justas”, que pasan por negociar una indemnización a la empresa concesionaria en función de lo establecido en el contrato, y no tras los modificados. Para ello, asegura Blanco, ya hay experiencias similares en otras administraciones, tanto españolas como europeas. Lo que está claro es que “la presión social está creciendo” y “lo lógico y sensato” es que la Junta de el paso, aunque de momento “falta voluntad política”, ha concluido.
