Diputación modificará la ordenanza de precios de las residencias
El Pleno provincial del próximo viernes aprobará la modificación de la ordenanza de precios de las residencias de ancianos para adaptarla a la autonómica
Se prevé que la Diputación deje de ingresar alrededor de 400.000 euros al año
Ha hecho falta esperar varios meses, pero el compromiso se cumplirá. La Diputación de Burgos aprobará en la sesión plenaria del próximo viernes una modificación de la ordenanza reguladora del precio de las residencias de ancianos para adaptarla a la establecida por la Junta de Castilla y León. De hecho, la apuesta de la administración provincial pasa por copiar en su práctica totalidad la ordenanza autonómica, tal y como solicitara meses atrás el PSOE para acabar con el quebranto económico que supone la actual ordenanza a muchos residentes.
Ahora mismo, el precio de las plazas residenciales se establece en 45 euros al día para los asistidos y 31 para los válidos. Sin embargo, la cuota mensual que pagan directamente los residentes se calcula de manera individual en función de su ‘capacidad económica’, que es la suma del 90 por ciento de los ingresos mensuales de éstos y el 5 por ciento del valor de todas sus propiedades. En el caso de que esa ‘capacidad económica’ sea menor que el coste del servicio, se genera una deuda con la Diputación que ya ha sido objeto de presentación -y rechazo- de numerosos recursos por parte de los usuarios y sus familias, que incluso deben afrontar esa deuda una vez fallecido el residente.
Esta situación motivó al PSOE a exigir un nuevo cambio en la ordenanza -ya fue modificada para reducir los precios en 2013- con el objetivo de eliminar esa cláusula y adaptarla a los precios que cobra la Junta de Castilla y León en sus respectivos centros residenciales. Al fin y al cabo, la atención de las residencias es una competencia de la administración autonómica que antes o más tarde deberá ser revisada.
400.000 euros
Así, y tras unos meses de impass, el equipo de Gobierno provincial ha decidido afrontar la modificación y la última Comisión de Bienestar Social daba luz verde a la operación, aprobando un texto que prácticamente calca el de la ordenanza autonómica y que a mayores supondrá que la Diputación de Burgos verá reducidos sus ingresos por esta vía. Los primeros cálculos hablan de alrededor de 400.000 euros al año.
En principio, y tras recibir el apoyo de todos los grupos en la última Comisión, se prevé que la modificación de la ordenanza se apruebe por unanimidad en el próximo pleno para que pueda empezar a aplicarse con el inicio del nuevo año, mientras la Diputación negocia con la Junta la cesión de las competencias en las 5 residencias de titularidad provincial. De momento no se han llevado a cabo reuniones formales entre ambas administraciones -al menos no han trascendido-, pero el equipo de Gobierno de la Diputación no descarta ninguna alternativa, siempre y cuando deje de asumir con sus propios recursos la gestión de las residencias.
