El PCAS denuncia dificultades para el uso de salas municipales
Los castellanistas critican la decisión del equipo de Gobierno de “prohibir” el uso de las salas de reuniones a organizaciones externas al Ayuntamiento
Consideran que la decisión es “antidemocrática” y exigen que se vuelva a la situación anterior
Teatro Principal. GIT
El Partido Castellano (PCAS) ha denunciado mediante un comunicado la “prohibición” del equipo de Gobierno municipal de permitir el uso de las diferentes salas de reuniones dispersas por las instalaciones municipales. Según explican los castellanistas, “hasta hace un par de meses, la utilización de las diferentes salas de reuniones del Teatro Principal estaba abierta (previa disponibilidad de fechas y horarios de las mismas) a todo tipo de organizaciones”.
Sin embargo, subrayan “el equipo que preside Javier Lacalle, sin ningún tipo de acuerdo formal, ha establecido una prohibición absoluta de su utilización, reservándolas en exclusiva para reuniones y actividades institucionales, así como las propias de los partidos con representación en el Consistorio”.
A juicio del PCAS, esta decisión, al margen de implicar una “infrautilización” de dichos espacios, “no es casual, sino que se encuentra motivada en la decisión de entorpecer y frenar la creciente pujanza y vivacidad del movimiento asociativo burgalés“. En definitiva, “una visión antidemocrática del PP en el Ayuntamiento, que intenta cercenar la libertad de reunión y de expresión de toda aquella entidad o colectivo que considera molesta o crítica”. Una denuncia que los castellanistas también extienden al resto de partidos de la oposición municipal, los cuales “sólo protestan en algo si les afecta directamente, y miran para otro lado cuando los perjudicados son otra parte de la ciudadanía”.
Por todo ello, los castellanistas “exigen” al alcalde que “estas salas vuelvan a poder ser utilizadas como se hacía hasta ahora”. En caso de que se mantenga la situación actual, el PCAS “no dudará en ejercer las acciones sociales y legales que consideren oportunas para garantizar que los derechos fundamentales” puedan “ejercerse en la ciudad”.