Jueces y Servicios Sociales se coordinan contra la violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia firma un convenio con la Consejería de Servicios Sociales para el intercambio de información en casos de malos tratos

Los jueces y fiscales tendrán acceso a la historia social de las víctimas, lo que ayudará en la toma de decisiones y la concesión de órdenes de protección

La Junta apuesta por una atención integral e integrada, en la que se coordinen los trabajos de Servicios Sociales, Justicia, Policía y Guardia Civil

Jueces y Servicios Sociales se coordinan contra la violencia de género Concepción y Marcos firman el convenio. PCR

Con la vista puesta en el Objetivo Violencia Cero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Consejería de Servicios Sociales se unen para trabajar en favor de una atención “integral e integrada” a las víctimas de malos tratos. Se busca dar una respuesta “ágil, oportuna y discreta” a los casos de violencia de género, de ahí que la colaboración se base en el intercambio de información entre los Servicios Sociales y la Administración de Justicia. Cuando se dispone de “más elementos de juicio” las decisiones que se toman son más acertadas y cubren mejor las necesidades de las víctimas.

Marcos: “El convenio redundará en la mejor y más ágil atención a la víctima de violencia de género”

Se trata del tercer convenio de colaboración que firma la Consejería de Servicios Sociales, tras hacer lo propio con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Milagros Marcos ha explicado que la Junta pondrá a disposición de jueces y fiscales la historia social de las víctimas incluidas en el Registro Unificado de Violencia de Género, que cuenta con más de 1.600 apuntes. La consejera recuerda que la historia social incluye toda la información relativa a las víctimas: su casuística particular, su situación económica, si tiene hijos y en qué condiciones, si estudia o trabaja, si tiene a su cargo personas dependientes…

Decisiones adaptadas

Una información “clave” a la hora de que los jueces y fiscales tomen sus decisiones judiciales, sobre todo en los momentos de conceder las órdenes de protección. El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha asegurado que “cuantos más elementos de juicio tenga el juez a la hora de dictar una orden de protección” más adecuada será ésta a las necesidades de la víctima. Y es que, cuando se pone en marcha cualquier medida hay que tener en cuenta a quién va destinada, ha insistido Milagros Marcos. No es lo mismo atender a una mujer con hijos en edad escolar, que a una estudiante o a una persona que no cuenta con trabajo.

Además, los profesionales de la Administración de Justicia conocerán cuáles son los recursos que la Junta pone a disposición de las víctimas, para así poder coordinar la resolución de los casos que tramitan. El intercambio de información, que también se hará con Policía Nacional y Guardia Civil, será automático. La intención es desarrollar una aplicación informática compartida, cuya elaboración ya ha salido a concurso, en la que cada uno de los cuerpos puedan encontrar aquellos datos que requiere para realizar su trabajo.

Atención integral y coordinada

Concepción: “No podemos ser permisivos con la violencia de género”

Tras la firma de los convenios, se empieza a trabajar en la elaboración de los perfiles profesionales y la selección del contenido que se incluirá en el Registro Unificado de Violencia de Género. Además, se creará una comisión de seguimiento y se harán evaluaciones para controlar el desarrollo del convenio, facilitándose también el intercambio de experiencias y la formación conjunta de profesionales de Servicios Sociales, jueces, fiscales y personal de Justicia, de cara a poder “conocer con mayor profundidad la complejidad del ciclo de la violencia”.

La iniciativa, tal y como ha recordado Milagros Marcos, se incluye en el proyecto ‘Objetivo Violencia Cero’, con el que la Junta de Castilla y León quiere luchar contra la violencia de género. Un objetivo “irrenunciable para toda la sociedad”, ha recordado la consejera, al mismo tiempo que ha insistido en la importancia de ofrecer una atención integral e integrada a las víctimas. Acompañarlas desde el minuto cero, desde que se detecta el primer síntoma, hasta su reinserción social y laboral libre del agresor. Antes, durante y después de una denuncia, y un acompañamiento incluso si no existe denuncia.