Un informe jurídico concretará quién debe pagar la deuda del Consorcio
El Equipo de Gobierno ha aceptado la propuesta del PSOE para clarificar cómo se repartirían las responsabilidades económicas en caso de disolución
Ibáñez asegura que los estatutos ya prevén la solución, pero reconoce que existen algunas dudas y el Ayuntamiento debe cubrir todas las posibilidades
Un equipo de expertos jurídicos elaborarán un documento y, a partir de ahí, los técnicos municipales trazarán el plan de actuación
El Ayuntamiento de Burgos solicitará a un equipo jurídico externo un informe que clarifique el reparto de responsabilidades en el seno del Consorcio del Desvío Ferroviario en el caso de disolución. Si bien es cierto que los estatutos firmados en 2003 ya abordarían esta cuestión, “existen interpretaciones sobre el grado de responsabilidad” de cada uno de los tres miembros, a saber, el Ayuntamiento y las antiguas Caja de Burgos y CajaCírculo. Es decir, ni en el Equipo de Gobierno ni en los grupos de la oposición tienen claro si el Consistorio debería asumir en solitario, llegado el caso, lo 166,7 millones de euros de deuda acumulados.
“Yo no tengo tan claro que los estatutos digan que la responsabilidad última sea del Ayuntamiento”
La decisión se ha adoptado durante la celebración del Pleno esta mañana, a propuesta del Grupo Municipal Socialista. El concejal Antonio Fernández Santos ha insistido en que “mi grupo no está seguro de que las responsabilidades sean compartidas, pero tampoco de que sean únicas del Ayuntamiento”. Y es que, recordaba el socialista, los tres miembros del consorcio han estado participando del mismo en igualdad de oportunidades. Las entidades financieras, además de los pagos de los préstamos concedidos, han estado recibiendo los beneficios que se iban generando.
De ahí que Fernández Santos haya asegurado que “a mí me tienen que demostrar” que estos socios sólo estaban “a las maduras” y, teniendo en cuenta que el concejal no tiene muy claro que los estatutos aborden adecuadamente esta cuestión, ha solicitado una consulta externa. Acudir a un prestigioso despacho de abogados o equipo jurídico especializado para contar con un informe externo, cuyas conclusiones sirvan a los servicios jurídicos municipales para plantear qué es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, incluso si la solución pasa por un enfrentamiento en los tribunales con las entidades financieras.
“Es verdad que existen interpretaciones sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los miembros”
Situación complicada
Desde el Equipo de Gobierno sí que consideran que los estatutos marcan las responsabilidades en caso de disolución, como también el hecho de que, en el seno del Consorcio, el acuerdo pasaba por delegar la gestión derivada del mismo a las propias entidades financieras. Sin embargo, Ángel Ibáñez reconoce que “existen interpretaciones sobre el grado de responsabilidad”, de tal forma que en el Partido Popular también tienen dudas sobre si el Ayuntamiento debería asumir la deuda en solitario o ésta tiene que ser compartida con Caja de Burgos y CajaCírculo.
Es aquí donde nos encontramos con otro problema, tal y como ha recordado el portavoz municipal. Las antiguas cajas ya no existen, sino que ahora están integradas en CaixaBank y Grupo Ibercaja, de ahí la necesidad de contar con asesores externos que, conociendo los procesos de reorganización financiera que se han producido en los últimos, puedan determinar cuál es el reparto correcto de obligaciones en el caso del Consorcio del Desvío. “Tenemos tiempo por delante”, ha asegurado Ibáñez, para aclarar estas dudas y poder planificar la posición municipal.
“Estos acuerdos están pensados para pasar las elecciones sin tener que asumir las consecuencias de la disolución”
Maniobra electoral
Los acuerdos recientemente firmados en el seno del consorcio permiten retrasar el pago de las amortizaciones de los préstamos hasta 2016. En este año, el Ayuntamiento tendrá que pagar 36,9 millones de euros y si para entonces las cuentas no están equilibradas ni se dispone de suficientes recursos para hacer frente al pago de la deuda, el Consorcio se disolvería. Para los grupos de la oposición, la “maniobra” orquestada por el Partido Popular sólo buscaba alejar el problema, que podría poner al Ayuntamiento en un estado de “quiebra económica”, más allá de la cita electoral de 2015.
Sin embargo, Ángel Ibáñez ha insistido en que estos acuerdos “nos permiten coger oxígeno” para buscar alternativas. No rendirse, como hubiera sido aceptar la disolución inmediata del Consorcio, sino prestar batalla, ha afirmado el portavoz municipal. Roberto Alonso, de UPyD, duda de que se pueda encontrar una solución satisfactoria para el Ayuntamiento, porque ya se han firmado documentos en los que acepta asumir la deuda en solitario. Mientras, desde Izquierda Unida acogen con “euforia” la decisión, sin olvidar que llevan mucho tiempo solicitando información sobre el futuro del Consorcio y nadie se la ha dado todavía.