Catalá no descarta una reforma de la Ley de Tasas judiciales
El ministro de Justicia aboga por un estudio exhaustivo del impacto de las tasas y reformar el sistema en función de los resultados obtenidos
El Gobierno aparca de momento la reforma del mapa judicial español
Concepción, Martín Granizo y Catalá a su entrada al Fórum Evolución. GIT
Lleva apenas unas semanas en el cargo, pero su impronta ya se está dejando sentir en diferentes ámbitos. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprovechado hoy la inauguración de la XXIX Asamblea de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para avanzar algunos de los proyectos que tiene entre manos su Ministerio de aquí al final de la legislatura, incluyendo varias propuestas que en principio parecen diferir de los criterios con los que se venía trabajando en la etapa de Gallardón.
Un claro ejemplo de ello es la Ley de Tasas, ampliamente criticada por jueces, oposición y ciudadanía en general. Unas críticas que el propio Catalá reconoce que existen y pueden tener un fundamento. “Hay una crítica unánime” que señala que “las tasas están produciendo una limitación al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos”, aunque “no hay datos” efectivos que lo demuestren.
Por eso, uno de los primeros compromisos adquiridos por el nuevo ministro pasa por “revisar el funcionamiento actual del sistema de tasas” y modificarlo si se confirma la existencia de distorsiones. Para ello, Catalá ha asegurado que su equipo de trabajo ya está “recavando informes” del Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Tributaria tendentes a esclarecer si las críticas están fundamentadas. “Si efectivamente está produciéndose una limitación de derechos, ajustaremos la Ley”, ha asegurado.
Pero la posible revisión del sistema de tasas judiciales no será la única reforma que se lleve a cabo en los últimos meses de legislatura. Sobre la mesa de trabajo del Ministerio también están otros proyectos, como la reforma del código penal, planteada para incluir nuevas tipificaciones vinculadas a delitos aún no contemplados, o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, destinada a poder separar los “macroprocesos” por “piezas” y enjuiciarlos “sin necesidad de esperar a la finalización de todo el proceso”. Es decir, agilizar su tramitación.
Mapa judicial
La reforma que no está previsto acometer esta legislatura, por falta de tiempo y consenso, es la relativa a la ordenación territorial de la justicia. Tal y como ha reconocido Catalá, “no hay tiempo suficiente” de aquí a finales de 2015 para desarrollar un proyecto efectivo, aunque la intención del Ministerio es seguir trabajando en la planificación del nuevo mapa judicial. Y es que, tal y como ha asegurado el ministro durante la inauguración de la asamblea de la asociación Francisco Vitoria, parte de las estructuras judiciales españolas están basadas en modelos del siglo XX o incluso del siglo XIX.
Asimismo, Catalá ha descartado, al menos de momento, abordar una reforma del sistema de aforamientos, ya que a pesar de “entender el rechazo de los ciudadanos” hacia ese tipo de figuras, todavía “no ha habido un debate equilibrado” y “reflexivo”, por lo que cualquier proyecto en esta materia queda relegado.
