Ramírez considera “pura caridad” las ayudas al alquiler y las plusvalías
La concejal socialista insiste en que sólo cubren problemas puntuales, no situaciones de necesidad cronificadas
Critica que las condiciones sean “muy restrictivas”, de ahí que sólo se hayan concedido 26 ayudas
Las ayudas para el pago del alquiler y de las plusvalías a familias desahuciadas del Ayuntamiento de Burgos son “pura caridad”, simples “pequeñas limosnas” para solventar una situación de necesidad puntual, pero que no sirven en casos cronificados. La concejal socialista María del Mar Ramírez es muy crítica con las últimas declaraciones de la responsable de la Gerencia de Servicios Sociales, en relación con el número de ayudas concedidas, alrededor de 26, muchas menos de las inicialmente previstas. Para Ana Lopidana esto significa, según la socialista, que no hay tantas familias necesitadas por se había pensado al aprobar el paquete de medidas.
Ramírez considera estas declaraciones “insultantes” para ese 16 por ciento de la población burgalesa que, según el informe FOESA, están en situación de pobreza y para las 3.200 familias en ejecución hipotecaria. Si sólo se han podido conceder 26 ayudas (8 de las cuales aún están en tramitación), lo que supone 50.000 euros de los 120.000 presupuestados, es porque las condiciones para acceder a estas subvenciones son “muy restrictivas”, asegura la concejal. De hecho, entre los 15 requisitos se encuentra que el solicitante no tenga ningún tipo de deuda con las administraciones ni la Seguridad Social.
¿Ayudas o subvenciones?
Para las familias que han sido desahuciadas, y requieren ahora de una ayuda para pagar el alquiler o las plusvalías devengadas de su vivienda, suele ser difícil cumplir con este criterio. Y es que, recuerda Ramírez, en muchos casos deben facturas, servicios, impuestos… dado que no disponen de los recursos económicos necesarios para afrontarlos. Es por ese motivo que la concejal propone, como primera solución, que estas subvenciones pasen a ser consideradas como ayudas, lo que permitiría acabar con ese requisito restrictivo.
De todos modos, María del Mar Ramírez insiste en que el problema está en que la propia medida se plantea de manera errónea. Sólo es útil para solventar una necesidad muy puntual, no una situación cronificada como la de las familias que acuden al Ayuntamiento. Las ayudas al pago del alquiler y las plusvalías son “pura caridad”, con máximos de 3.000 euros y mínimos de 290. Además, llegan con mucho retraso, ya que la Gerencia de Servicios Sociales tarda hasta meses en resolver los expedientes. La convocatoria se abrió en abril y las primeras resoluciones se aprobaron en septiembre.