Ayuda a Domicilio merma en presupuesto, horas y calidad asistencial
El nuevo pliego de condiciones municipal baja a 2.68.000 euros y a 128.000 horas de atención
Los trabajadores critican que se prime la oferta económica, lo que pone en jaque el servicio que prestan
El PSOE vincula la pérdida de usuarios al aumento del precio/hora y los retrasos en la resolución de expedientes
Los trabajadores del servicio se manifiestan por su calidad. PCR
El servicio de Ayuda a Domicilio, que presta el Ayuntamiento de Burgos a través de una concesión, viene sufriendo en los últimos años una reducción paulatina en el presupuesto, el número de horas de atención y la calidad de la misma. No se trata sólo de la denuncia que puedan hacer los trabajadores que desarrollan estas tareas (mayoritariamente mujeres) o de una denuncia política de la concejala socialista María del Mar Ramírez. Los datos atestiguan esta realidad, siendo el ejemplo más claro el que ofrece el nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio, recientemente aprobado.
En la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de octubre, Ángel Ibáñez daba a conocer “uno de los pliegos de servicios sociales más importantes para el Ayuntamiento”. Aseguraba que, si bien la partida se reducía con respecto al anterior concurso, esa reducción era mínima, quedándose el presupuesto en 2,1 millones de euros y el número de horas de servicio en 135.000. Sin embargo, el pliego de condiciones no recoge precisamente estos datos. La voz de alarma la daba esta mañana los trabajadores de Ayuda a Domicilio, y lo confirmaba la concejala Ramírez con los documentos en la mano.
Más caro, menos calidad
Ramírez se acercó a la concentración tras la rueda de prensa. PCR
El concurso sale por 2.068.00 euros y por 128.000 horas, reducción que es decisión del Ayuntamiento de Burgos. Es verdad, ha recordado la socialista, que el número de demandantes y de horas ha caído en los últimos años, pero lo achaca a dos causas fundamentalmente: el elevado precio/hora y el retraso en la resolución de los expedientes, algo en lo que también coinciden los trabajadores municipales. Por lo que se refiere al coste, estamos hablando de 11 euros/hora ordinarios, 14 euros/hora festivos y 13 euros/h nocturnos
“A muchos usuarios el coste del servicio le sale más caro en la administración pública que en la empresa privada”, ha insistido Begoña Gutiérrez, vicepresidenta del comité de empresa de AZVASE. Esto es responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de establecer los precios públicos para la ayuda a domicilio. Si a este hecho se le suma que, en muchos casos, cuando el Ayuntamiento resuelve los expedientes de solicitud del servicio “ya es demasiado tarde”, tenemos que muchas familias optan por la empresa privada.
Con un presupuesto más ajustado y un número de horas menor, la calidad del servicio prestado se reduce. Y es que los trabajadores apenas cuentan con 45 minutos para atender a los usuarios, de tal forma que se dificulta una de las partes esenciales de la ayuda a domicilio: fomentar la autonomía del dependiente, discapacitado o mayor, ayudándole en las tareas diarias. Además, los trabajadores critican el nuevo pliego de condiciones, puesto que prima las ofertas a la baja, de tal modo que sus condiciones laborales se comprometen aún más.
Han protestado contra la bajada de presupuesto y las horas asistenciales. PCR
Externalización total
Es una crítica que también ha realizado María del Mar Ramírez, quien ha asegurado que no es lógico que se concedan 60 puntos a la oferta más económica y sólo 10 a las mejoras que en el servicio pueda incluir la empresa, dejando además otros 30 puntos para criterios subjetivos que nada tiene que ver con la calidad de la ayuda a domicilio. Para la socialista, “el Ayuntamiento está allanando el camino para el deterioro del servicio”, potenciando su externalización total, lo que comprometería su futuro al depender de una empresa que sólo busca el beneficio económico.
Al mismo tiempo, Ramírez ha lamentado que el Equipo de Gobierno no haya hecho caso a Intervención, que pedía un compromiso por escrito de la Junta de Castilla y León que garantizase su aportación económica para este contrato. Tampoco han escuchado al propuesta del PSOE de incluir una cláusula social, que primer a empresas de inserción o sociales, lo que evitaría una situación como la ocurrida con el servicio de comida a domicilio. En su momento, el servicio se adjudicó a una empresa privada (CLECE), quitándoselo a ‘El Gusto de Servirle’, empresa de inserción de Cáritas.
