UPyD pregunta si existen tarjetas black en el Ayuntamiento
Con una proposición, la formación pedirá información sobre las tarjetas de crédito vinculadas al Consistorio, empresas públicas o entes municipales
Rosario Pérez insiste en la necesidad de que se publiquen los extractos bancarios de los últimos cuatro años
La primera de las tarjetas a analizar es la asociada al Plan Estratégico, cuyo uso ha cuestionado Intervención
Unión Progreso y Democracia pedirá en el Pleno Municipal de noviembre información sobre las tarjetas de débito o crédito, “opacas o transparentes”, asociadas al Ayuntamiento de Burgos, sus empresas públicas o entes dependientes, en un ejercicio de transparencia y control efectivo de las administraciones públicas. La concejal Rosario Pérez, tras el escándalo de las tarjetas black de Bankia, asegura que “nos tememos que haya podido existir un efecto imitación” en otras instituciones, de ahí que solicite información relativa a los gastos (dietas, viajes…) de entidades o personal vinculado a los servicios municipales
En concreto, la propuesta magenta pasa por que se facilite una lista de todas las tarjetas de crédito o débito que están asociadas al Ayuntamiento, sea cual sea su función. Asimismo, Pérez considera imprescindible que se publiquen los extractos bancarios correspondientes a los últimos cuatro años, ofreciendo esta información, no sólo a los grupos políticos municipales, sino también a los ciudadanos a través de la página web del Consistorio. La concejal ha defendido la proposición insistiendo en que su formación nació con una clara vocación de regeneración de la política, y ésta pasa por la transparencia y la rendición de cuentas.
Plan Estratégico
De momento, UPyD ya conoce la existencia de una tarjeta de crédito vinculada al Plan Estratégico, y cuyas justificaciones no acaban de convencer a Intervención. Precisamente, Izquierda Unida denunciaba la semana pasada que se acababa de aprobar la justificación de la subvención municipal al Plan Estratégico correspondiente a 2011, con varias advertencias por parte de este órgano de fiscalización. Entre ellas, los técnicos solicitaban más información sobre los gastos cargados a la VISA, y que en ese año alcanzaron los 5.400 euros.