Por una Justicia accesible y al servicio del ciudadano
Fernando Ledesma y Margarita Mariscal de Gante defienden un sistema judicial accesible, próximo y comprensible para el ciudadano
Ambos exministros de Justicia plantean sus dudas sobre la Ley de Tasas aunque ven necesaria una redefinición de los partidos judiciales
Contra la corrupción se lucha en sociedad, no simplemente desde la Justicia. Los jueces no deben ser los salvadores de nada
Mariscal de Gante con Concepción y Ledesma con Carreras. PCR
La Ley de Tasas, la corrupción, el proyecto de supresión de los partidos judiciales, la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modernización de la Justicia han sido algunos de los asuntos que Fernando Ledesma y Margarita Mariscal de Gante han tratado en la mesa redonda organizada con motivo del 25 aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Bajo el título ‘Pasado, presente y futuro de la Justicia”, los exministros de Justicia han analizado la realidad del sistema judicial, definiendo sus principales carencias y necesidades, sin obviar los asuntos más polémicos de la actualidad.
Dado su condición de garante del cumplimiento y el respecto a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, la Administración de Justicia debe estar al servicio efectivo de los ciudadanos. Debe ser un sistema accesible, comprensible y próximo, que no intimide al pueblo ni lo discrimine en base a ningún tipo de criterio, ni territorial, ni político ni económico. Fernando Ledesma y Margarita Mariscal de Gante comparten esta visión de la Justicia, en la que medidas como la Ley de Tasas o la nueva Ley de Demarcación y Planta pueden influir de manera negativa.
Ley de Tasas
Ledesma: “Sin negar que no se opone a la Constitución, las tasas judiciales se deben de rebajar para favorecer la accesibilidad económica”
Ledesma, que fuera ministro de Justicia de 1982 a 1988, ha sido el más directo de los dos en lo que se refiere a mostrar su opinión sobre la Ley de Tasas promovida por Alberto Ruíz Gallardón. En su intervención, y posteriormente también en el turno de preguntas, ha asegurado que cuando Rafael Catalá, el nuevo ministro, anunció que iba a revisar dicha Ley de Tasas, sintió una gran “satisfacción”. Reconoce que si bien la medida de hacer pagar al ciudadano por el uso de la Justicia no se opone a la Constitución, sí que deberían rebajarse o eliminarse las tasas para “favorecer la accesibilidad económica”.
Por su parte, Margarita Mariscal de Gante (1996-2000) ha recordado que la Ley de Tasas ha sido una de las medidas con mayor detractores de todas las implementadas por el anterior ministro. De ahí que entienda como “lógico” que Catalá haya plantado una revisión de la misma. La Justicia “debe ser accesible y ahí también entra la accesibilidad económica”, aunque ha recordado que el asunto también está en manos del Tribunal Constitucional tras varios recursos interpuestos. Mariscal de Gante considera imprescindible también que la Justicia sea comprensible y próxima al ciudadano.
Partidos judiciales
De ahí que se le haya preguntado por los cambios que la Ley de Demarcación y Planta plantea para los partidos judiciales, con la eliminación de alguno de ellos. Teniendo en cuenta que dicha normativa se encuentra aún en proceso de elaboración, la exministra ha asegurado que “no hay que cerrarse a una reforma de la redefinición de los partidos judiciales”, aunque sí se debe de hacer “de forma prudente”. La Ley de Demarcación y Planta de 1988 necesita ser revistada, para saber si lo que se requiere es ampliar la plantilla de jueces o simplemente reorganizarla de manera diferente.
Minutos antes de la mesa redonda. PCR
Idea similar la expresada por Fernando Ledesma, quien ha asegurado que “la posibilidad de inmediación se ha incrementado sin necesidad de la presencia física de los jueces” gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. No todos los órdenes judiciales requieren de esa presencia en la misma medida, por lo que se deben “aprovechar las ventajas de la profunda reforma tecnológica”, al mismo tiempo que reducir los costes de la Administración. Eso no quiere decir, ha insistido, que lo que se busque sea restringir esa cercanía de la Justicia al ciudadano.
Corrupción
El problema de la corrupción, uno de los principales a los que se enfrenta nuestro país, ha estado también presente en esta cita. Los jueces tienen entre sus responsabilidades hacer cumplir la ley, siendo ésta la que establezca los marcos en los que se debe luchar contra la corrupción. Margarita Mariscal de Gante ha afirmado que no se debe de entender a los jueces como “salvadores de nada”, porque son las leyes las que marcan el camino para acabar con la corrupción y los magistrados los que las aplican, pero sin tener otro papel predominante o diferente.
Mientras, Fernando Ledesma ha insistido en la obligación de toda la sociedad, ya sean instituciones públicas o privadas, jueces o ciudadanos de a pie, de trabajar para acabar con esta lacra. Eso sí, ha reconocido que para que se recupere la confianza en el sistema judicial es necesario que sus miembros se involucren en esta lucha. Para el que fuera ministro en la etapa socialista de Felipe González, el “poder judicial padece de una crisis de eficacia pero no de legitimidad”. Se le critica sobre todo por el tiempo de resolución más que por cuestiones de corrupción, porque “goza de credibilidad” entre los ciudadanos.
El futuro
Mariscal de Gante: “Jueces y magistrados no deben asumir un papel diferente en la lucha contra la corrupción. No tiene que ser salvadores de nada”
Si bien ambos exministros han destacado los avances experimentados en la Administración de Justicia durante las últimas décadas, consideran que todavía queda mucho trabajo por hacer. La que fuera máxima responsable del departamento durante el primero gobierno de José María Aznar, tras insistir en que “la situación actual es mucho mejor que la de hace 30 años”, ha recordado la necesidad de continuar el esfuerzo por la modernización del sistema, aumentando las dotaciones económicas, con inversiones eficientes en medios y plantillas.
Es fundamental completar las reformas procesales, con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la única decimonónica que aún no se ha cambiado. Evitando que las reformas se conviertan en un fin en sí mismas, “reformar por reformar”, sí que se debe adaptar el sistema a las nuevas necesidades de las sociedad. Un planteamiento que comparte Fernando Ledesma, para el que la Administración de Justicia es una pieza clave en la preservación del estado social, democrático y de derecho del que habla la Ley de Leyes española.
En un momento de crisis como el actual, ha asegurado, el “reto más acuciante” que tienen los poderes públicos es mantener el Estado del Bienestar, porque la Constitución defiende un reparto equitativo del esfuerzo. Las leyes deben plantearse para solucionar los problemas de las sociedad, aprobándose, modificándose y aplicándose bajo el paraguas de esa Constitución, ha insistido. Además, Ledesma ha apostado por un fortalecimiento del Tribunal Supremo como “garante” de la unidad de España, al ser el principal órgano de interpretación del ordenamiento jurídico.
