El PCAS apuesta por rehabilitar el Yagüe como residencia para mayores
La formación rechaza derribar un edificio que, a su juicio, está en perfecto estado y puede reutilizarse sin problema
Plantean abrir una residencia para la tercera edad, con apartamentos tutelados para mayores inválidos
Además, proponen habilitar espacios para usos administrativos de las diferentes instituciones
El Partido Castellano muestra su oposición al derribo del Hospital General Yagüe, actuación que consideran un “despilfarro de recursos públicos”, al mismo tiempo que apuestan por su rehabilitación para residencia pública de la tercera edad, dependencias administrativas y un “limitado aprovechamiento terciario”. El PCAS asegura que el edificio, inaugurado en 1960, se encuentra estructuralmente en buen estado, gracias a las obras, reformas, inversiones y acondicionamientos que ha experimentado, por lo que “está en condiciones de ser utilizado de manera eficiente durante décadas, con un gasto de rehabilitación mínimo”.
Después de que Junta de Castilla y León y Tesorería de la Seguridad Social firmasen ayer el acta de recepción del complejo sanitario, por la que el organismo estatal se hace cargo de las dependencias del antiguo hospital, en centro de especialidades y otra serie de locales anexos, los castellanistas rechazan la decisión de demoler el edificio, para el desarrollo de un nuevo proyecto urbanístico, público y social. Para la formación, el gasto de unos 3,6 millones de euros para el derribo (hasta 5,2 con licencias y demás tramitación), es un “despilfarro de recursos públicos y el desaprovechamiento de una infraestructura perfectamente viable y operativa”.
Propuesta social y administrativa
La propuesta del Partido Castellano pasa por destinar el 40 por ciento del espacio construido (unos 20.000 metros cuadrados) para una residencia pública para la tercera edad y apartamentos tutelados para mayores inválidos, que podrían beneficiarse de los servicios ofrecidos por la propia residencia. Otro 40 por ciento de la superficie podría utilizarse para usos administrativos de las diferentes instituciones (Junta, Gobierno o Ayuntamiento), que en estos momentos cuentas con dependencias diseminadas por locales alquilados en toda la ciudad.
Además, un 20 por ciento, el correspondiente a la planta baja, la primera planta y parte de los sótanos, se destinaría a usos terciarios de carácter privado. En este caso, el PCAS calcula una enajenación por valor de 10 millones de euros, cantidad que se podría utilizar para rehabilitar el edificio. Los castellanistas contemplan también la creación de zonas verdes y espacios públicos. De este modo, se podría dar uso a un complejo que se encuentra en perfecto estado, según la formación, sin la necesidad de invertir los más de 100 millones que el PCAS calcula que constaría el desarrollo de un nuevo proyecto.
