Diputación no teme por el futuro de la residencia de San Agustín
El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación asegura que el servicio no está en peligro a pesar de la subasta pública a la que se enfrenta la concesión
Suárez insiste en que la Diputación sólo puede asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y niega posibles “negociaciones” con La Caixa
La residencia de San Agustín vuelve a dar de qué hablar. GIT
El servicio que ofrece la residencia universitaria de San Agustín “no está en peligro”. Así al menos lo entiende el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Borja Suárez, que esta mañana ha querido despejar las posibles dudas generadas a raíz de la subasta pública a la que está abocada la concesión de la gestión de la residencia. Y es que, según ha subrayado Suárez, éste “es un tema formal y administrativamente muy recurrente” desde 1997.
Suárez asegura que el servicio se mantendrá con los “cánones de calidad”
Suárez asegura que el servicio se mantendrá con los “cánones de calidad”
En aquel año, la Diputación, titular del inmueble, adjudicó la concesión de la residencia a Construcciones Ortega por un periodo de 50 años. A raíz de ese primer contrato, el expediente ha ido modificándose para incorporar hasta cinco novaciones, es decir, cambios de titularidad a diferentes empresas vinculadas con Ortega. Sin embargo, el punto de inflexión de la polémica se produjo en 2012, cuando Diputación tuvo conocimiento de la utilización de la concesión como aval en tres procesos hipotecarios contraídos en aquel momento con Caja de Burgos. Tras los diferentes procesos de fusión bancaria, esa hipoteca ha ido a parar a La Caixa.
El problema es que la deuda contraída por la empresa con la entidad no se ha pagado, y La Caixa ha decidido hacer dos cosas. Por un lado, ejecutar las hipotecas y sacar a subasta pública la concesión y por el otro, acudir como posible beneficiario a esa subasta a través de la filial Building Center. De hecho, la propia entidad financiera ha solicitado permiso a la Diputación para presentarse a la subasta, aunque esa autorización “no es necesaria siempre y cuando se cumpla la legalidad”, ha explicado Suárez.
No habrá negociación
En este sentido, y aunque “hay que esperar a que se celebre” dicha subasta, todo hace indicar que será La Caixa la que asuma la concesión de la residencia. No en vano, el proceso hipotecario viene de la mano de “unas cargas” que tiene asumidas la propia entidad financiera y que podrían echar para atrás a otras empresas.
El portavoz del equipo de Gobierno asegura que no habrá negociación para un posible rescate
El portavoz del equipo de Gobierno asegura que no habrá negociación para un posible rescate
Y es ese aspecto concreto el que ha encendido las alarmas en la oposición. Tal y como señaló ayer el portavoz del PSOE en la Diputación, José María Jiménez, “no es habitual que un banco gestione” una residencia pública, por lo que tiene “sospechas” de que la intención de La Caixa sea “negociar” un rescate de la concesión por parte de la Diputación, una posibilidad totalmente descartada por Suárez. “Evidentemente, la Diputación no va a negociar” una operación de este calado, ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno.
Lo único que puede hacer la institución provincial en este asunto es intentar “mantener un servicio público” con “los máximos cánones de calidad“. Para ello, la Diputación ya tiene “compromisos” firmados a través del contrato de concesión, y sólo un incumplimiento flagrante de esas condiciones motivaría una recuperación del contrato, algo que de momento se antoja muy improbable. No en vano, ha asegurado Suárez, el servicio “ni se va a interrumpir ni va a perder calidad” sea cual sea el resultado de la subasta.
Aulario
Pero, por si fuera poco, todo este asunto viene condicionado en parte por los acuerdos alcanzados en torno al edificio del aulario, incluido en el complejo residencial. En 2010, la Diputación decidió rescatar la parte de la concesión vinculada a este edificio con el objetivo de incorporarlo a sus propias instalaciones debido a la “falta de espacio”. Para ello, el Ejecutivo negoció con la empresa y se acordó un pago de 219.000 euros, que ya se realizó en su día.
Sin embargo, y a pesar de los “permanentes requerimientos” realizados por parte de la Diputación, Construcciones Ortega “aún no ha ratificado las escrituras”. Ahora, Suárez confía en que la entrada de un nuevo concesionario permita negociar de manera más directa esta recuperación parcial.
Por el momento, el portavoz de la Diputación no ha hablado de posibles plazos, ya que el proceso está sujeto a los tiempos de este tipo de conflictos entre empresas privadas. No obstante, Suárez ha asegurado que el servicio se va a seguir desarrollando de la misma manera que hasta ahora.