PCAS se persona en la investigación sobre los fallecidos en la residencia de Miranda
La formación pretende conseguir la declaración de los facultativos del Santiago Apóstol que intervinieron
Para el Partido Castellano es fundamental aclarar cómo se produjo la intoxicación alimentaria y quiénes son los responsables
Acusan a la Junta y a la gerencia de la residencia de ocultar pruebas, al comunicar el caso varios días después de que se produjese
El Partido Castellano se persona en la investigación judicial que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro, para analizar las causas del fallecimiento de dos ancianos en la Residencia Mixta de la Tercera Edad ‘Francisco Hurtado’, como consecuencia de una intoxicación alimentaria. La formación presentó denuncia a finales de julio y ahora, personándose en la instrucción, pretende conseguir la declaración de los facultativos del Hospital Santiago Apóstol que atendieron a los dos fallecidos y al resto de afectados, y la información que se les facilitó acerca de la intoxicación.
Los castellanistas esperan que las autoridades judiciales aclaren en las circunstancias en las que se produjo esta trágico suceso, que creó una importante alarma social entre los mirandeses a principios de julio. Para el PCAS es esencial conocer cómo se siguieron los protocolos de manipulación de los alimentos, conservación de productos, limpieza de equipos y utensilios, preservación de la cadena de frío, preparación y reparto de las comidas en la residencia. Para ello, aseguran, es necesario conocer las fichas generadas en las inspecciones habituales, así como en las de carácter excepcional.
Identificar a los responsables
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha abierto diligencias previas para recabar información sobre la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal en la residencia; la titularidad y el modelo de gestión; los controles alimentarios realizados en los dos últimos años; y la formación impartida al personal de cocina. Los castellanistas esperan que la investigación permita aclarar qué fue lo que ocurrió con exactitud, identificando a los responsables e impulsando la implantación de nuevos controles y protocolos que impidan una nueva situación similar.
Además, el PCAS acusa a la Junta de Castilla y León y a la gerencia de la residencia mixta de “ocultación de pruebas”, puesto que si bien el fallecimiento de dos de los ancianos se produjo el 9 de julio, como consecuencia de una intoxicación alimentaria que afectó a una veintena de usuarios, no se comunicó a familias y medios de comunicación hasta días después. Además, aseguran los castellanistas, calificaron el suceso de “accidente” y aseguraron que los dos fallecidos habían muerto por “causa natural”.