Amenazas de desahucio para los inquilinos de la Flex
Comienzan las declaraciones por la querella presentada contra Inversiones Patrimoniales Urbanas por presunta estafa
Los vecinos reclaman 24.000 euros pagados en una operación de alquiler con derecho a compra que ahora puede ser ilegal
Los propietarios amenazan con cortes de suministros y desahucios si no pagan las derramas y los incrementos de la cuota de comunidad
Un grupo de afectados protesta ante los juzgados. PCR
La situación se pone tensa entre los arrendatarios del número 5 de la calle Carlos Sáenz de Tejada y los propietarios del inmueble, Inversiones Patrimoniales Urbanas. Cuando comienzan las declaraciones a raíz de la querella presentada por los vecinos, los abogados de los propietarios han amenazado a los inquilinos con desahucios si no pagan el dinero que se les reclama vía derramas asociadas a las cuotas de la comunidad. Asimismo, los vecinos aseguran que se les ha amenazado también con iniciar cortes en los suministros de gas y agua como medida de presión.
Miembros del consejo de administración de Inversiones Patrimoniales Urbanas, la entidad encargada de la promoción de las viviendas ubicadas en los terrenos de la antigua Flex y participada por CajaCírculo y Jovilma, declaran hoy en los juzgados ante la querella por presunta estafa presentada el pasado mes de marzo. La denuncia se vincula al contrato firmado en su día por el que los vecinos pagaron 24.000 euros por una vivienda en régimen de alquiler, pero con derecho a compra 10 años más tarde. Ahora parece que dicha operación es ilegal, y nadie sabe dónde está el dinero adelantado ni en qué condiciones están los inquilinos.
Cortes de suministros
La caravana de vehículos recorrió las calles de Burgos. BC
Además, desde el principio, los propietarios han ido incrementando las cuotas de la comunidad, hasta en un 40 por ciento. Se han forzado “derramas abusivas”, insisten los vecinos, de hasta 200 euros por persona, una situación inasumible para muchos de ellos, teniendo en cuenta que estamos hablando de una promoción de vivienda protegida. Tras años de presiones para conseguir las cuentas de la comunidad, los últimos documentos facilitados demuestran que con las cuotas pagadas se ingresa suficiente dinero para cubrir gastos. No habría, por tanto, justificación para las derramas o los incrementos, insisten los afectados.
Ante su negativa de pagar, y la presentación de la querella, los abogados de Inversiones Patrimoniales Urbanas han decidido contra atacar y, según los vecinos, se han puesto en contacto con su representante legal amenazándole con desahucios. Si no se pagan las derramas y lo que se debe, les echarán, comenzando además este “acoso” con un corte en los suministros de gas, calefacción, agua… Los vecinos están convencidos que la técnica de los propietarios es presionarles para que “desistan, se quieran marchar y poder poner en a la venta los pisos”.
Abandonados por las administraciones
En algunos casos, ante los incrementos en las cuotas de la comunidad y las derramas exigidas, ya hay inquilinos que han dejado sus viviendas. Mientras, las administraciones se lavan las manos, aseguran los vecinos. La Junta de Castilla y León está a la espera de lo que diga la Justicia sobre la presunta estafa, pero en el caso de los problemas con la comunidad, asegura que es un asunto privado entre propietarios y vecinos. El Ayuntamiento de Burgos tampoco hace nada, a pesar de que podría solicitar la reversión de la cesión de los terrenos, alegando que se incumplen las condiciones pactadas para la promoción de vivienda protegida.
Algunos de los afectados se han concentrado esta mañana a las puertas de los Juzgados de Reyes Católicos para dar visibilidad a su problema, y continuarán las acciones de protesta, después de la caravana que recorrió las calles de la ciudad el pasado martes. Para esta tarde, a las 20:00, tienen prevista una bicicletada-protesta y el próximo 18 de septiembre, coincidiendo con el segundo día de declaraciones, volverán a los juzgados. Los vecinos están cansados de ser ninguneados y burlados, piden Justicia y recuperar el dinero invertido.