Vecinos de la Flex se movilizan para denunciar la “estafa” de Jovilma
Los arrendatarios de la calle Carlos Sáez de Tejada organizan una caravana para dar a conocer su situación a los burgaleses
El jueves acudirán a los Juzgados, donde los promotores de las viviendas tienen que declarar ante su querella por estafa
Estos vecinos pagaron 24.000 euros por el alquiler de una VPO con derecho a comprar, operación que ahora se torna ilegal
La caravana de vehículos recorrió las calles de Burgos. BC
En la Plataforma Punto Negro de la Corrupción están hartos. Los vecinos del número 5 de la calle Carlos Sáenz de Tejada, arrendatarios de uno de los edificios construidos en los terrenos de la antigua Flex, se sienten estafados y ninguneados. Estafados por la promotora de sus viviendas, Inversiones Patrimoniales Urbanas (participada por Jovilma y CajaCírculo), a la que pagaron 24.000 euros por un piso de protección oficial en régimen de alquiler, pero con opción a compra, en una operación que ha resultado ser ilegal. Ninguneados por las administraciones, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, que echan balones fuera.
En la tarde-noche de ayer, más de una veintena de vehículos recorrieron las calles de la ciudad, “adornados” con los “puntos negros de corrupción”, emblema de la protesta, y llamando la atención a golpe de claxon. Quieren que se conozca su situación, dado que hasta ahora poco se ha hablado de ellos. Esperan, eso sí, que la Justicia haga su trabajo, consiguiendo que les devuelvan el dinero estafado y se acaben los chantajes y el acoso a los que los propietarios les están sometiendo. La siguiente movilización será el jueves 11, cuando los promotores acudan a declarar a los tribunales, en respuesta a la querella presentada en marzo.
Una estafa de 24.000 euros
Inversiones Patrimoniales Urbanas, con Jovilma y CajaCírculo como socios en la promoción, levantaron el edificio número 5 de la calle Carlos Sáenz de Tejada, acogidos al Plan de Vivienda Protegida de la Junta de Castilla y León. A pesar de que la promoción debía ser exclusivamente en régimen de alquiler, se la ofrecieron a los inquilinos con opción a compra. Para ello, los futuros propietarios debían pagar 24.ooo euros y, pasados 10 años, convertir los pisos en propios. Sin embargo, una vez realizada la operación, los vecinos descubrieron que era ilegal.
Las viviendas están “decoradas” con los puntos negros de corrupción. PCR
A su juicio estamos ante una estafa, motivo por el cual se ha presentado una querella contra los promotores, en la que se incluyen además otra serie de denuncias: irregularidades graves en la adjudicación de las viviendas protegidas; también en la gestión de la comunidad de vecinos y en su contabilidad. “Las cuentas no están nada claras” y todo el proceso de adjudicación “es dudoso” insisten los arrendatarios. Están cansados de tener que afrontar “derramas abusivas”, como consecuencia de unas cuentas manipuladas, con las que los propietarios del edificio están intentando lucrarse.
Acoso y chantaje
Al mismo tiempo, los vecinos denuncian situaciones de acoso y chantaje, puesto que esas derramas que les obligan a pagar únicamente buscan presionarles para que abandonen sus viviendas. Los promotores sólo les ofrecen como salida a su situación, si quieren recuperar el dinero, que se vayan, insisten. Sin embargo, “bajo ningún concepto nos planteamos dejar nuestras casas y mucho menos pagar las derramas abusivas que pretenden imponernos”, claman a todo aquel que quieras oírles. Y mientras, el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León echan balones afuera, a pesar de ser una promoción de VPO.
También Jovilma, desaparecida en manos de un inversor privado, y CajaCírculo se lavan las manos. Por eso, y a la espera de lo que puedan decir los tribunales, estos arrendatarios están dispuestos a que todos los burgaleses conozcan su situación. Además de la caravana organizada en la tarde de ayer, tienen prevista una bicicletada para las 20:00 del jueves, 11 de septiembre, con salida desde su calle. También se concentrarán ante los Juzgados de Reyes Católicos, a las 9:30 de los días 11 y 18, cuando está previsto que acudan a declarar los denunciados en la querella de marzo.
La historia se repite
La situación de los arrendatarios la calle Carlos Sáez de Tejada, alrededor de unos 75, es similar pero no la misma a la que sufren otros de sus vecinos, los del bloque de enfrente. Estos, más de 100, también están inmersos en un proceso judicial con Jovilma, promotora de sus viviendas, y a la que adelantaron una cantidad importante de dinero (hasta 64.000 euros en algunos casos), por una vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra. El problema aquí es que el dinero se ha esfumado y los vecinos van a tener serios problemas para que las viviendas se consideren como propias.