El PCAS amenaza con acudir a los Tribunales con el caso Gowex
La formación solicitó al Ayuntamiento de Burgos información sobre los contratos firmados con la empresa de telecomunicaciones
60 días después, demandan un Certificado de Acto Presunto que demuestre que el Equipo de Gobierno no ha cumplido con la ley
Si la información no les llega, los castillanistas estarían dispuestos a denunciar a Lacalle por violación de derechos fundamentales
Luis Marcos entrega la solicitud en el registro municipal. PCR
Harto de esperar una respuesta que no llega, el Partido Castellano ha decidido hacer uso de los instrumentos que le ofrece la ley para obligar al Ayuntamiento de Burgos a que les facilite información sobre los contratos suscritos con la empresa de telecomunicaciones Gowex. Por ello, Luis Marcos, secretario de Organización, ha presentado en el registro municipal una solicitud de Certificación de Acto Presunto, o lo que es lo mismo un escrito que acredite que el pasado 8 de julio pidieron dicha información y que se superado el plazo máximo de 60 días estipulado para su entrega.
Cuando se destapó el escándalo internacional sobre Gowex, descubriéndose que la directiva había estado falsificando sus cuentas durante los últimos cuatro años, el PCAS solicitó copia de todos los contratos que la empresa había suscrito con el Ayuntamiento entre los años 2011 y 2014, recuerda Marcos. Y es que Gowex fue la encargada de la instalación de la red wifi, tanto en dependencias municipales como en espacios públicos (WiFiBur), al mismo tiempo que ha ofrecido los servicios de acceso inalámbrico a Internet. Desde la formación sospechan de la existencia de indicios de corrupción y malversación económica.
Sus sospechas se basan en que, según el Informe de Gotham City, el Ayuntamiento de Burgos habría abonado 306.000 euros al año a Gowex por tener instalados 217 ‘puntos calientes’ (hotspot) por la ciudad, cuando los datos oficiales del Equipo de Gobierno hablan de que el contrato que firmó Gowex por WiFiBur, le obligan a pagar 12.500 euros (más IVA) al Ayuntamiento, entre otras cuestiones. Además, desde 2011 se habrían firmado siete contratos, de los cuales seis se adjudicaron en la etapa en la que Eduardo Villanueva era concejal de Nuevas Tecnologías, pasando a formar parte de la plantilla de Gowex tras su salida del Consistorio, lo que el PCAS considera “extraordinariamente oscuro”.
Ante la Justicia
Puesto que han trascurrido 60 días desde la solicitud sin que se haya recibido contestación, el Partido Castellano sigue los pasos marcados por la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, pidiendo se le expida una certificación que sirva para justificar cuándo se registró dicha solicitud, de cuántos días disponían en el Consistorio para contestarla y cuándo se ha superado el plazo legalmente marcado. Con el Certificado de Acto Presunto en la mano el PCAS podría llegar a Javier Lacalle ante los tribunales, acusándole de violar los derechos fundamentales de Participación Pública y de Acceso a la Información Pública.
Luis Marcos insiste en que este paso, aunque no imprescindible, sí que se considera necesario si la formación quisiese presentar una denuncia contra Javier Lacalle, algo que están dispuestos a hacer si el Ayuntamiento se empeña en no facilitarles la información solicitada. El secretario de Organización del PCAS insiste en que la actitud del Equipo de Gobierno, a través del silencio administrativo, vulnera la Constitución Española, al liminar los derechos a la Participación Pública, el Acceso a la Información Pública y al Ejercicio de la Actividad Política.
